El Consejo de Ministros de hoy aprobará favorecer la compra de su primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años e ingresos inferiores a 37.800 euros, y a familias con hijos, con hasta un 20% de aval del ICO sobre el precio de venta. Aunque lo hará después de conocerse la abierta oposición de Unidas Podemos, manifestada nada menos que por la ministra Ione Belarra, calificando de “infame” la iniciativa. Las relaciones entre los morados y los socialistas irán enconándose de cara al 28-M y a las generales de diciembre. La ministra Raquel Sánchez identificó la posición de sus socios como “demonización de la compra” de vivienda. Mientras desde el Partido Popular se denunciaba que el anuncio de Pedro Sánchez hacia suyo el propósito popular y medidas vigentes ya en Madrid o Murcia. Lo peor del caso es que la pugna partidaria impide un debate razonado sobre la viabilidad y los efectos de las medidas desgranadas por el presidente del Gobierno a lo largo del último mes en materia de vivienda, y obstruye el paso hacia una política mínimamente consensuada por el conjunto del arco parlamentario y sintonizada en la actuación de las distintas administraciones. La gestación de una bolsa pública de viviendas, después de años de despreocupación e inacción, se hace necesaria. Pero la concurrencia de medidas que suenan bien en un período electoral no puede hacernos olvidar que cada una de ellas puede dar lugar a efectos no deseados, y que todas juntas describen una política difícil de administrar. La sola oferta del aval del ICO puede reactivar el mercado de viviendas a la venta, con las entidades bancarias más dispuestas a brindar préstamos hipotecarios, y la intermediación inmobiliaria visualizando el negocio. Pero, a la espera de que la letra pequeña del decreto que acabe publicándose en el BOE a partir del visto bueno del Consejo de Ministros, no será fácil que la política de las buenas noticias cuaje sin que familias y administraciones corran el riesgo de entramparse en un nuevo ciclo de descontrol.