"Las más carillas"

Recordemos los antecedentes. Abril de 2020. Estábamos en plena pandemia. A iniciativa del departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, se mantuvieron reuniones entre Sodena y representantes del tejido empresarial navarro en las que quedaron patentes las enormes dificultades a las que se enfrentaban pymes, micropymes y personal autónomo para poder acceder a proveedores fiables y canales seguros de distribución de Equipos de Protección Individual (EPI). “Nuestra preocupación en el departamento de Desarrollo Económico y Empresarial fue dar una respuesta rápida, ágil y estable para cubrir las necesidades que tanto pymes, micropymes y personal autónomo, tienen de hacerse con este tipo de productos y a un precio lo más competitivo posible. Solo queda agradecer la respuesta de todos los agentes económicos y destacar la disposición de CEN para colaborar en el acuerdo, así como la gestión realizada por Albyn Medical”, declaraba el imputado Manu Ayerdi, entonces consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra y presidente de Sodena. Al acuerdo entre Sodena, la CEN y Albyn Medical, se le sumaba la firma del director gerente del Servicio Navarro de Salud, que adquiría el compromiso de compra del stock de Epis sanitarios resultante de la operación. En base a dicho acuerdo, Sodena ponía dos millones de euros como “crédito puente”; la CEN se encargaba de recoger las necesidades de las empresas; y Albyn Medical de realizar las compras.

Y en estas que, más de dos años después, y con fecha 24 de agosto de 2022, se produjo el cese de la directora gerente de Sodena “por presuntos incumplimientos en la compra de material sanitario”. Según el sustituto de Ayerdi, Mikel Irujo, “la operación se hizo con total transparencia”, y casi a continuación, el Consejo de la Transparencia instaba al Gobierno a que, “a la mayor brevedad, publique todos los informes de reparo en los que los interventores que controlan la legalidad de sus actuaciones hayan expresado su desacuerdo por detectar posibles irregularidades”. Y se publicó un informe de Intervención que destripaba todos los entresijos de la “operación mascarillas” y que arrojaba los siguientes datos: Sodena realizó una operación de préstamo, de dos millones de euros, sin ninguna garantía de cobro; que había un stock de 1.748.492 de mascarillas pudriéndose en unas naves; y que había una pérdida de casi 1,8 millones de euros de dinero público. Y bajo el velo de tanta transparencia, unos meses más tarde (diciembre de 2022), el sustituto de Ayerdi, Mikel Irujo, se despachaba en el Parlamento con unos datos hasta entonces desconocidos, y es que el cese de la directora gerente de Sodena llegó precedido del conocimiento de unos papeles que constataban la existencia de una posible negligencia y responsabilidad contable “que incluso podía constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”. Y siguiendo la estela de la cacareada transparencia, no hemos sabido más porque el debate ha sido qué hacíamos con las mascarillas almacenadas caducándose en unas naves mientras los navarros, propietarios al fin y al cabo de ese material, seguíamos pagando de nuestro bolsillo las mascarillas que necesitábamos, por ley, para seguir viajando en transporte público, y las que, aún hoy, seguimos necesitando para entrar en centros médicos cuando milagrosamente consigues una cita. Ha tenido que ser la CEN la que, con dinero de su bolsillo, haya dado salida a esas mascarillas consiguiendo un destino solidario. El Gobierno de Navarra, vía Sodena, se ha desentendido de ese material sanitario porque su único objetivo ha sido el de tapar una turbia operación que ha supuesto la pérdida de 1,5 millones de euros públicos, más el gasto en distintos informes jurídicos a reputados bufetes de abogados que buscaban, sin éxito, que les dijeran que Chivite era la más lista de la cuadrilla y Mikel Irujo el más avispado agente del PNV en Navarra. Y no contentos con el dinero público ya perdido, se proponen seguir malgastándolo demandando a la CEN por una supuesta responsabilidad en las pérdidas que no aparece en el acuerdo firmado. Curiosamente, Sodena no se plantea ninguna demanda contra Albyn Medical que, según las propias palabras de Mikel Irujo, era la propietaria del stock y la que se encargó de la compra de miles de mascarillas defectuosas sin hacer la más mínima gestión para devolverlas a los distribuidores y exigir el reembolso.

En resumen, si Sodena concedió un préstamo de dos millones de euros sin la necesaria habilitación legal y sin el acuerdo del Gobierno de Navarra, incumpliendo la Ley Foral 13/2007 de Hacienda Pública de Navarra…, si el Servicio Navarro de Salud incumplió su compromiso de compra del stock de Epis…, y si el consejero Mikel Irujo dijo tener conocimiento de unos papeles relacionados con la operación que “podían constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”…, ¿quién demanda a Sodena, a Mikel Irujo y al Servicio Navarro de Salud?

Chon Latienda Urroz Comentarista política