El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de dos nuevos terceros grados "fraudulentos" a los miembros de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia por parte del Gobierno vasco, y ha exigido la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, por una política penitenciaria que, a juicio del Colectivo, "ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional".

Para COVITE, estas dos nuevas concesiones constituyen "un nuevo episodio de la amnistía encubierta" que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA. El Colectivo ha denunciado, una vez más, "que el Gobierno vasco está utilizando los terceros grados y los artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA".

"Lo que estamos viendo es una política deliberada de ‘vaciar las cárceles’ de presos de ETA. Y hacerlo, además, siguiendo las instrucciones de SORTU, tal y como ellos siempre han exigido en este contexto de final de ETA negociado que vivimos: sin pedirles un verdadero arrepentimiento y sin respetar el derecho a la justicia de las víctimas. La máxima responsable de esta política penitenciaria es la consejera María Jesús San José, que debe dimitir", ha reclamado la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.

COVITE considera especialmente grave el caso de Juan Antonio Olarra Guridi, miembro de ETA condenado por delitos de extrema gravedad, entre ellos asesinatos, atentados, estragos, lesiones, tenencia de explosivos e integración en banda armada, con una pena de cumplimiento de 30 años de prisión y fecha de fin de la condena prevista para 2036. Además, añade el colectivo, "Olarra Guridi ya disfrutaba desde julio de 2025 de un artículo 100.2, una vía excepcional de flexibilización penitenciaria que el Gobierno vasco ha convertido en la práctica en una antesala del tercer grado para presos de ETA que no cumplen con la legalidad para acceder al tercer grado". COVITE ha destacado, además, que Olarra Guridi "sigue siendo reivindicado públicamente por el entorno de la izquierda abertzale. En su barrio de San Sebastián ha sido exhibido como ‘preso político’ en actos organizados para reclamar su excarcelación". "¿Dónde está la desvinculación pública de la izquierda abertzale si el preso sigue siendo presentado como un referente por ese entorno y no consta que haya rechazado públicamente esos actos de apoyo ni pedido que cesen?", se ha preguntado Ordóñez.

También resulta significativo el caso de Xabier Zabalo Beitia, a quien el Gobierno vasco concede ahora un nuevo tercer grado después de que ya se le hubiera concedido anteriormente y esa progresión fuera revocada. COVITE recuerda que Zabalo fue condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas, entre ellos estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos con finalidad terrorista. Tras la revocación de su anterior tercer grado, "SARE, SORTU y el entorno político de la izquierda abertzale promovieron una manifestación en su localidad para protestar por aquella decisión judicial". "Esa movilización no es un dato menor. Es la prueba de que estos presos siguen insertos en una red política y social que los reivindica como héroes y que sigue presentando sus condenas como un problema político, no como la consecuencia de rendir cuentas ante la Justicia por sus crímenes terroristas gravísimos", ha afirmado Ordóñez.

El Colectivo enmarca estas dos nuevas concesiones en un "contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco". "En las últimas semanas, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, en unos autos que, a juicio de COVITE, confirman exactamente lo que la asociación viene denunciando desde hace años: que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales.

Por todo ello, COVITE exige la dimisión inmediata de María Jesús San José como consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. 

COVITE reclama, asimismo, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra estos dos nuevos terceros grados y actúe con firmeza para frenar esta política penitenciaria fraudulenta. El Colectivo recuerda que las víctimas no pueden personarse en la fase de ejecución de las condenas, por lo que la Fiscalía es la única institución con capacidad efectiva para impugnar estas decisiones.