La moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, con Ramón Tamames como candidato a sustituirle en la Moncloa, ofreció el resultado previsible: un pleno parlamentario que se convirtió en un acto electoral compartido y caótico, que favoreció si acaso al Gobierno. Esa fórmula es una previsión constitucional que permite cambiar el Ejecutivo sin que medien elecciones o, cuando menos, someter al existente a una crítica que le obligue a recapacitar. Aunque la política española se está viendo sobresaltada continuamente por movimientos tácticos partidistas, es difícil saber qué pretendía Vox con su iniciativa, más allá de hacerse notar. Este tipo de iniciativas, poco reflexivas, tienen como resultado el desconcierto de los ciudadanos ante la vida institucional. El de ayer no fue un debate inocuo. Tampoco en cuanto a sus efectos. El presidente Sánchez optó por convertir su réplica al líder de Vox y a Tamames en una crítica pormenorizada a la gestión de Mariano Rajoy, como si se tratara de la continuación de la censura que le llevó al poder en 2018. Pero, sobre todo, quiso demostrar que el juicio sobre su actuación y la de su Gobierno está en buena medida amortizado. A ello contribuyó sin duda la moción, limitada finalmente a la exigencia de una convocatoria inmediata de elecciones cuando ya estamos en campaña. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz explotaron al máximo la tesis de que la derecha y la extrema derecha obedecen a un mismo proyecto para el país. Aunque solo la portavoz de EH Bildu y el de ERC, dos formaciones que han demostrado a lo largo de su historia un escaso respeto al sistema democrático, apelaron a los riesgos que entraña lo que a su entender es el “fascismo” de Vox. Como ocurriera con la censura presentada por ese mismo grupo hace dos años, ha sido casi unánime la presunción de que su iniciativa trataba de saldar cuentas con el PP. La ausencia de Alberto Núñez Feijóo restó protagonismo al primer partido de la oposición y aspirante a relevar al PSOE.