Diario de Navarra

En un ambiente de tensión, caldeado principalmente por el Gobierno y sus socios, al haber forzado el modo de aprobar las leyes, tratando de controlar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional de forma contraria a la Constitución, el TC ha adoptado la medida cautelarísima en un recurso de amparo, de desgajar del texto de la proposición de ley que incluye la supresión del delito de sedición, y la modificación de la malversación de caudales públicos, la votación relativa a las disposiciones de la referida proposición de ley aprobada en el Congreso y que hacen referencia a la modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, pendiente de votación en el Senado. La decisión del TC, que debía ser bienvenida en la medida que preserva, cautelarmente, que las leyes se aprueben a través del procedimiento parlamentariamente debido -no otra cosa hace el Consejo Constitucional francés- con respeto al derecho fundamental de los diputados consagrado en el art. 23.2 de la Constitución, cuyo contenido garantiza que sus derechos no deben ser conculcados en el procedimiento parlamentario, ha sido objeto de una gran ceremonia de la confusión, tratando de contraponer la soberanía del Parlamento frente a la legitimidad del TC para controlar los excesos de poder de las Cámaras parlamentarias que no pueden ejercer sus potestades al modo de un soberano legibus solutus, sino que están sometidas a la Constitución y a las leyes, según la interpretación que fije su valedor supremo, que no es otro que el Tribunal Constitucional. Lo expuesto, más allá de tecnicismos, es básico, y cualquier jurista conocedor de los procedimientos constitucionales no lo cuestionaría, más allá de alabar que por primera vez se adoptan medidas cautelares en un procedimiento legislativo, contra actos sin valor de ley. ¿Donde está, entonces la madre del cordero? Pues sencillamente en la lucha por controlar el TC. El Gobierno quiere nombrar a toda costa a los dos vocales del CGPJ y para ello no ha pergeñado otro modo que forzar las cosas y vulnerar el procedimiento legislativo. La respuesta de las Cortes, a través de las declaraciones institucionales de la presidenta del Congreso y la del Senado como teloneros del portavoz en la medianoche del 19 del ministro de propaganda Bolaños junto con el remate final del presidente del Gobierno, siempre con medias verdades, y llamando a la serenidad, no deja de ser un episodio disfuncional en una democracia, donde la mentira ha sustituido a la verdad. La respuesta del Gobierno arremetiendo contra la “mayoría conservadora” del TC, que recuerda a aquella andanada sobre la muerte de Montesquieu pronunciada por algún vicepresidente del Gobierno de Felipe González, cuando el TC declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley del aborto en 1985 o cuando el Gobierno de la Generalidad de Cataluña presidido por Montilla (el catalán de Iznájar (Córdoba), encargó a un reputado columnista de La Vanguardia y a un ensayista de renombre, lanzar una proclama contra el TC, que marcó las lineas rojas sobre las que un Estatuto de Autonomía (el catalán) no debe traspasar. Todo ello no deja de sorprender a un jurista que crea en el valor de la Constitución y en el papel del TC como guardián o defensor del poder constituyente frente a los excesos o infracciones constitucionales de los poderes constituidos (Gobierno, Cortes o Poder Judicial), por referirnos a las instituciones centrales del Estado. En nuestro caso, tenemos el precedente de la sentencia del TC 361/2006 (caso del voto de la parlamentaria socialista vasca Irene Novales) que anuló la votación que dio el presupuesto a Ibarretxe de la mano del presidente del PNV de la Cámara vasca, Atuxa. Pero como no se dictaron medidas cautelares, Ibarretxe sacó adelante su presupuesto. ¡Y qué diferente hubiese sido el devenir de dicho Gobierno, si el TC hubiese dictado una medida cautelar! Como conclusión, el Constitucional no puede dictar sentencias platónicas, sino efectivas, como dijo su antiguo presidente Jiménez de Parga. ¿Cuál es la solución? No es otra que un gran acuerdo entre el PSOE y PP, que las minorías separatistas y extremas no quieren, por que les dejan al margen. Y tampoco la quiere el presidente que reniega del pacto con el PP, como gato panza arriba. Mal cariz tiene la cosa y aunque el presidente llame a la serenidad intentará por todos los medios, más ortodoxos o menos, que la política del trágala se imponga, como ha intentado en estos días. ¡Ojalá el nuevo año traiga nuevos vientos conciliadores, que de momento no se vislumbran! Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

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"El TC como guardián de la Constitución"

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