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El Constitucional frena a Sánchez

El TC ha suspendido el plan exprés de Sánchez para cambiar la elección del Poder Judicial. Una decisión con alta carga simbólica que le recuerda al Gobierno que las formas son esenciales

  • Editorial DN
Publicado el 20/12/2022 a las 09:26
El Tribunal Constitucional paralizó a última hora de la noche de ayer la reforma exprés pretendida por el presidente Sánchez, que afecta a la propia renovación del tribunal al entender que el procedimiento escogido puede no ser conforme a derecho. La votación fue ajustada, por seis votos frente a cinco, una mayoría que recuerda al Legislativo que sus decisiones también están sometidas al control judicial en un Estado de derecho. El Senado no podrá votar la reforma aprobada en el Congreso la pasada semana, una situación inédita que aventura más tensión política. Hay que recordar que PSOE y Podemos presentaron sendas enmiendas para cambiar por la vía rápida las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial y del propio TC, aprovechando la reforma del delito de sedición y el de malversación. El PP había alegado vulneración del artículo 23.2 de la Constitución al entender que se estaba atropellando el derecho a la participación política ante una reforma exprés, sin el debido procedimiento para su debate y votación. Las presiones desde los partidos que sustentan al Ejecutivo, pero también desde el propio gabinete de Sánchez, no han hecho mella en los miembros del tribunal, cuya mayoría ve necesario estudiar al menos la vulneración de derechos que denuncia el PP en su recurso. Una decisión jurídica compleja, pero dentro de las competencias del Constitucional. Declaraciones como las del presidente Sánchez la pasada semana, que no dudó en calificar de “complot” y de intento de “atropello” a la democracia, es la peor de las maneras para apaciguar la tensión generada. La inquina partidaria distancia a todos los protagonistas de la vida pública y dificulta una resolución política necesaria para no socavar todavía más los pilares del Estado de derecho. España está viviendo un episodio de degradación institucional impensable, que enfrenta a la mayoría parlamentaria. La decisión del Tribunal Constitucional no garantiza el final de la crisis, pero define el camino que los legisladores deben tomar para resolver el conflicto.
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