Tal como se había anunciado, la aplicación de la llamada ley del sí es sí, fruto del encendido ambiente que siguió a la sentencia de la manada, es decir, en el peor momento, ha conseguido lo contrario que pretendía, desprotegiendo más a quien más decía querer proteger. Hay violadores a los que se les ha tenido que rebajar la pena, y abusadores de menores que ya no lo son de acuerdo con la nueva ley y que, como en el caso de un condenado por abuso en un colegio de Madrid, ahora se plantean pedir una indemnización por haber cumplido un exceso de pena. Hay casos también en los que quienes son condenados ahora reciben penas más leves, pues son las previstas en el código. Para la ministra y los promotores de esta ley la culpa es de los jueces, que son todos unos fachas y unos machistas, pero esto es algo que, a estas alturas, ya suena a excusa barata de mal perdedor. Sin duda olvidan que las leyes no se aplican de acuerdo con lo que el legislador quiso decir, sino por lo que en realidad dijo, y eso es lo que está ocurriendo. Retorcer la ley para aplicarla de manera distinta no es la solución, sino una vía a la arbitrariedad. Hubiera sido mejor confiar antes en algún experto solvente, o escuchar a quienes advirtieron de lo que iba a ocurrir -al propio CGPJ, por ejemplo- en vez de dedicarse a insultarlos. Una ley soporta mal imprecisiones y ambigüedades, y estas no pueden ir en contra del acusado, so pena de hundir el sistema. Hacer una ley es como soltar un hijo al mundo, y verlo emprende una vida propia: ya no tenemos control sobre él, tiene que ir por su cuenta y adaptarse a las circunstancias. Con razón advierte don Quijote a Sancho que en su ínsula debe haber pocas leyes, pero que se guarden y cumplan. Lo contrario de lo que pasa ahora, donde se legisla al calor de la coyuntura, o por motivos ideológicos e incluso -como hemos visto con pasmo- para beneficiar a personas concretas, desactivando delitos por conveniencia para lograr mantenerse, a un precio cada vez más caro, en el poder.