La cumbre mundial del clima ha alcanzado un acuerdo para crear un fondo de justicia que afronte los daños causados por el calentamiento global a los países más vulnerables. En paralelo, resolvía no avanzar respecto a la cumbre de Glasgow de 2021 en cuanto a los compromisos sobre la reducción del consumo de combustibles fósiles. De esa manera, la creación del fondo parece compensar la falta de la ambición necesaria para que a partir de 2025 los gases de efecto invernadero experimenten un acusado descenso. Con todo, no se ha concretado ni la magnitud de las partidas de ese fondo ni el origen de sus aportaciones; y tampoco pueden identificarse sus destinatarios, al margen de las regiones más expuestas a la elevación del nivel del mar. En el desarrollo de una reunión que amenazaba con resultar frustrante, el arreglo alcanzado podía tener su lógica. Dado que no cabía superar todas las resistencias presentes, mejor priorizar aquello que la propia ONU había anunciado como la novedad que perseguía en la cumbre de Egipto y que parecía además menos costosa: la compensación de daños y pérdidas, frente a la transformación de las fuentes de energía. Pero esa lógica, tiende a olvidarse de que no hay más racionalidad en el acuerdo que la búsqueda de beneficios económicos inmediatos y particulares en el mantenimiento de la combustión de productos fósiles para luego indemnizar sus efectos. Los países de la cumbre tendrán que perfilar durante las próximas semanas y meses las características del fondo de compensación hacia las sociedades que más daños y pérdidas sufran por la emergencia climática. Pero en medio de esos trabajos, deberían tomarse un tiempo para reflexionar sobre qué sentido tiene habilitar un fondo inevitablemente limitado para atender a los países directamente afectados por el calentamiento global que menos contaminan, mientras la contención de gases de efecto invernadero se circunscribe a poco más que a un marco de voluntariedad en las democracias. Porque la próxima cumbre puede llegar tarde.