La disposición del Gobierno a adecuar el gravamen extraordinario y temporal ideado para aportar al erario una recaudación adicional a cuenta del sector energético a lo que resuelva aplicar la Unión Europea en su conjunto permite acometer la cuestión con el sosiego necesario. Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, corregirían así la sensación de que el Ejecutivo tenía previsto avanzar en ese terreno por su propio pie. Suscitando además un choque de intereses entre los españoles y determinadas empresas que podría acabar lastrando la reactivación. La pretensión de que el Gobierno encarna las aspiraciones de las “clases medias y trabajadoras” frente a los privilegios representados por las grandes empresas responde a un esquema extremadamente ideológico. De lo que se trata es de recortar drásticamente el nivel de dependencia que la Europa comunitaria mantiene respecto a los designios de la autocracia de Putin. Para lo que resulta imprescindible apurar todas las posibilidades de entendimiento entre las instituciones públicas y las empresas del sector que, según la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, debieran contribuir más a un esfuerzo social indefinido. Un nivel de dependencia desigual según países, pero que delata la ceguera europea que durante años llevó a gobiernos nacionales y a Bruselas a avalar de manera voluntarista las ventajas del entendimiento con el régimen de Putin a un coste que se ha demostrado infinito. La Europa de la Unión no debería seguir orillando lo que, a pesar de todas las demandas de urgencia ciudadana, resulta lo más acuciante. Recobrar, en el ámbito energético, la libertad de responder a las necesidades de todos frente a la autocracia que obedece a los intereses de unos pocos. Mientras los países de la Unión Europea sigan dependiendo de los designios de Putin, teniendo que competir en un mercado condicionado desde Moscú, ningún suplemento recaudatorio a cuenta de la energía contribuirá a cuadrar el presupuesto de los hogares más necesitados.