Más que buena salud, la mayoría de la investidura demostró ayer su resistencia al sacar al Gobierno de un apuro con la convalidación del decreto de ahorro energético. La soledad inicial del Ejecutivo en defensa de la regulación tornó en una holgada victoria parlamentaria tras prometer a sus socios su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a incorporar enmiendas, y que tendrá en cuenta aportaciones de las comunidades al plan de contingencia que debe presentar en Bruselas en septiembre en previsión de un colapso en el suministro de gas ruso. En nacionalistas e independentistas pesó más su nulo interés en debilitar a un Gabinete que desean agote la legislatura y pueda reeditarse tras las elecciones que los recelos a algunos preceptos de la norma y a las formas en las que ha sido elaborada. Las advertencias de ERC, PNV y EH Bildu sobre los riesgos a los que se enfrenta Pedro Sánchez si persiste en su “falta de diálogo”, reiteradas desde hace meses, ven limitada su capacidad de presión ante la prioridad superior de estos grupos: no dar bazas al PP. No es cuestionable la imperiosa necesidad de reducir el consumo de gas con un frío invierno en el horizonte si Putin cierra el grifo. Para hacerlo en un 7%, como se ha comprometido España con la UE, no bastan bellas palabras: son precisas acciones que inevitablemente alterarán los hábitos sociales, causarán algún tipo de incomodidad y nada tienen que ver con llevar o no corbata. Bueno será asumirlo así ante la perspectiva de que un eventual “shock” energético en Europa obligue a drásticas restricciones. El PP debería tenerlo en cuenta. El mayor reproche que cabe formularle al Gobierno, este sí y no es menor, es la ausencia de cualquier diálogo previo a la preparación del decreto. Una práctica censurable más propia de un Ejecutivo prepotente ensimismado en una mayoría absoluta que de uno en precario como el de Sánchez, aunque se mueva con una pasmosa habilidad en el alambre, como ha vuelto a demostrar.