Ante un otoño económico incierto

Las perspectivas económicas de Europa y de nuestro país atraviesan incertidumbres derivadas de la guerra híbrida desatada por el régimen de Putin como palanca para remover las bases del desarrollo de las sociedades occidentales y erosionar la cohesión política y social de la UE. La dependencia energética de Rusia es el factor de debilidad que ha ralentizado la recuperación -cuando los países de la Unión habían acordado un ambicioso programa de financiación solidaria- al tener que enfrentarse a tasas de inflación desconocidas en décadas. Tasas que podrían obligar a los bancos centrales a elevar el precio del dinero durante todo este año y 2023. Las previsiones para España apuntan a un cierre de 2022 con un crecimiento en torno al 4,4% que pospondría a 2024 el regreso a los niveles prepandemia. Y se da por supuesto que los últimos meses del ejercicio experimentarán aún mayores dificultades; sobre todo si el Kremlin corta el flujo de gas hacia Europa. El empobrecimiento general y la dualidad social a los que da lugar la inflación podrían requerir medidas más drásticas de contención que, a su vez, lastren el crecimiento. Un horizonte que se complica para los españoles a causa de que la confrontación partidaria, máxime ante un ciclo electoral de año y medio, no solo impide acuerdos sino que además resta rigor a las políticas públicas en un momento de tanta complejidad. La indexación de las pensiones, de los sueldos en la administración o de los salarios sujetos a la contratación privada en relación a la subida del IPC compensaría tan brusca pérdida del poder adquisitivo; pero al tiempo tendría consecuencias inflacionarias de segunda ronda. La insistencia de Pedro Sánchez en que el Gobierno está reinvirtiendo en “la protección” de los más afectados el incremento de la recaudación producto de la inflación plantea la pregunta de cómo se limita a aportar del erario solo esos 15.000 millones de más.