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Impuesto o sanción a bancos y compañías energéticas

Es imposible asegurar un incremento de la recaudación en 7.000 millones de euros

Avatar del Editorial DNEditorial DN29/07/2022
Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos registraron ayer como proposición de ley la medida anunciada por el presidente Sánchez para gravar los beneficios extraordinarios que las compañías energéticas y las entidades financieras estén obteniendo a cuenta de la inflación generada por la guerra de Putin. Medida que la proposición de ley circunscribe a las empresas con una facturación superior a los 1.000 millones en 2019, y a los bancos que cobraron más de 800 millones en concepto de intereses y comisiones. Previendo un gravamen del 1,2% sobre la cifra neta de negocio en el caso de las energéticas, y del 4,8% sobre los intereses y comisiones bancarios. Las explicaciones marcadamente ideológicas que ofrecieron los portavoces de ambos grupos, Patxi López y Pablo Echenique, no consiguieron aclarar las virtudes de la iniciativa. Resulta imposible asegurar su capacidad real de incrementar la recaudación en 7.000 millones de euros en dos ejercicios, ni asentarla como patrón para llegar a un sistema fiscal más justo y progresivo en su conjunto, ni garantizar consecuencias solo positivas para la marcha de la economía española en 2022, 2023 y 2024. Y resulta poco responsable y poco realista transferir a la CNMC la tarea de velar sobre el cumplimiento de una norma que, de tramitarse, nacerá muy forzada políticamente. Es paradójico que mientras el Gobierno de coalición pospone la revisión del sistema fiscal en su conjunto, o del sistema de financiación autonómico, precisamente porque las incertidumbres concatenadas desde la crisis de 2008 desaconsejarían hacerlo ahora, proceda al improvisado señalamiento “de los que más tienen” para salvar la situación sin diagnosticarla previamente de manera razonada. Ello cuando la toma en consideración de la medida tendrá lugar en septiembre, y su tramitación por urgencia restaría consenso político y solvencia jurídica a un resultado final cuyos efectos solo podrán evaluarse con rigor en la próxima legislatura.
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