Cambio de rumbo en la nueva Selectividad
Convendría que el Gobierno no cayera en la tentación de transmitir el mensaje de un aligeramiento de la carga lectiva y de exigencia a los futuros alumnos
El Ministerio de Educación presentó ayer a las comunidades autónomas y a las universidades una nueva Selectividad o EvAU, con el objeto de adaptarla al Bachillerato diseñado por la nueva ley de Educación (Lomloe). Los primeros cambios los notarán los estudiantes en 2024, y se irán incorporando otros hasta su transformación definitiva en 2027, que afectará a los que están en segundo de la ESO. El gran cambio es la reducción de exámenes, de 4 a 2, uno de ellos una “prueba general de madurez académica”, en la que se fundirán todas las asignaturas comunes. Lo que no cambiará es la formación de la nota de acceso a la universidad, el 60% la media del Bachillerato y el 40% la nota de la EvAU. Pero a esta alturas quedan muchas incógnitas por resolver y acordar entre todas las partes implicadas. La actualización del sistema educativo en España, también en el tránsito entre la enseñanza no universitaria y la universitaria, resulta crucial, pero, a la espera de conocer los pormenores de la iniciativa, convendría que el Gobierno no cayera en la tentación de transmitir el mensaje de un aligeramiento de la carga lectiva en el Bachillerato y de una menor exigencia para los alumnos. Y en el mensaje de que las competencias pueden reducirse a habilidades y destrezas, orillando la imprescindible sujeción al rigor y a la memorización de referencias históricas, de pensamiento, de evidencias científicas e incluso de mecánicas operativas. Resulta necesario interrelacionar datos y conceptos para crecer en conocimiento en esa etapa de la vida. Y sería de toda justicia que la Selectividad no constriñera uno de los periodos más vitales y creativos de la peripecia personal. Antes de poner en marcha un proyecto de esta índole, el Gobierno debería someterse a su propia evaluación, admitiendo que uno de los momentos más decisivos del recorrido estudiantil debe administrarse desde el consenso con los distintos sectores que configuran el sistema educativo español.