Diálogo, pero sin entramparse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonés, se reunieron ayer en la Moncloa tras diez meses sin verse en una cita bilateral de carácter oficial. La convocatoria del próximo encuentro de la mesa de diálogo para la última semana de julio recuperaría la normalidad en las relaciones políticas entre el Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos y el Ejecutivo autonómico catalán solo si el otro socio independentista -Junts per Catalunya- se incorporase a la representación institucional del Govern. El “conflicto político catalán” al que se refiere Sánchez se “ha desinflamado” más por la constatación judicial y social de que la unilateralidad independentista no tiene cabida ni en la España ni en la Europa regida por normas constitucionales que por los buenos oficios de la Moncloa. Pero el secesionismo se debate entre su resistencia a someterse tanto al principio de legalidad como al de realidad. Y la radicalización a la que se ve abocado por la competencia partidaria entre un sinfín de formaciones y grupúsculos que se miden mutuamente en términos de extremismo refleja, entre otras cosas, el absurdo juego al que se entrega ERC alternando sus liderazgos entre Aragonés, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián. Juego en el que se suceden declaraciones contradictorias y posturas que pendulan entre el pragmatismo y la ensoñación, atreviéndose de cuando en cuando a presentarse como ejemplo de democracia y libertad para el conjunto de los españoles. El independentismo gobernante en Cataluña tiene aún pendiente priorizar los intereses de los catalanes respecto a su particular quimera rupturista. Tiene aún pendiente renunciar a objetivos inalcanzables, en tanto que tampoco cuentan con la anuencia mayoritaria de la propia sociedad catalana, para volcar su representatividad en el servicio a los ciudadanos. “Desjudicializar”, “poner fin a la represión” o “negociar entre iguales” son términos en los que ningún Gobierno constitucional debiera entramparse.