"¿Qué más quiere un político que poder fundirse el dinero del futuro en dar a su pueblo aquello que le hará ganar las próximas elecciones?"

La inflación en España acaba de superar el 10%. Pronto se le ha echado la culpa a Putin, pero ya teníamos una inflación disparada antes de la invasión de Ucrania. La inflación generalizada es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En 4.000 años de historia económica se puede ver cómo el exceso de fabricación de moneda y los controles de precios generan inflación (desde el Códice de Hammurabi hasta los Bancos Centrales actuales pasando por la Roma imperial o la Venezuela chavista). La impresión de dinero sin fin es una copia de la política japonesa después de su crisis inmobiliaria de los años ochenta. Al repartir dinero gratis se consigue que se salven las empresas y los estados que deberían quebrar por sus ineficiencias y/o irresponsabilidades. Esta medicina tuvo sus secuelas: Japón cayó en la trampa de la liquidez, que consiste en que más dinero no estimula la economía. Más dinero es tan inútil como si se te sale la cadena de la bici y sigues pedaleando con fuerza.

Resurge el miedo a la prima de riesgo española, como lo vivimos en 2012. En aquella ocasión “la solución mágica” consistió en repartir dinero a los estados quebrados y ver venir. El problema es que el futuro ha llegado demasiado pronto, y ahora no se puede seguir imprimiendo dinero con la inflación desbocada. Vuelven los PIIGS (acrónimo de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, que significa cerdo en inglés). Bueno, todos los PIIGS no, ahora ya no está Irlanda porque optó por las reformas. El resto de los estados tuvieron distinta suerte. España regaló dinero al sistema financiero español, que hoy figura dentro del 120% de deuda estatal. Portugal hizo recortes, y Grecia se llevó la peor parte con subidas generalizadas de impuestos, reducciones de las pensiones del 40%, despido de funcionarios y reducción de sus sueldos de hasta el 60%, etc...

Muchos economistas alertamos el año pasado de que la inflación iba a ser un problema, pero nos trataron como si fuéramos unos aguafiestas, entre otros los keynesianos. La teoría económica de Keynes consistía, básicamente, en que cuando llegan las crisis el Estado debe gastar para compensar la reducción de la demanda del sector privado. De esto se han aprovechado todos los partidos políticos del mundo civilizado para tener una excusa con la que gastar sin vergüenza. ¿Qué más quiere un político que poder fundirse el dinero del futuro en dar a su pueblo aquello que le hará ganar las próximas elecciones? Cuando se le preguntaba a Keynes por las consecuencias inflacionistas de sus medidas a largo plazo, él respondía que en el largo plazo todos muertos. Si bien es cierto que él murió, cabe recordar que también decía que cuando el sector público recaudaba más (como consecuencia de la expansión económica) el Estado debía ahorrar esos recursos para utilizarlos en los años de vacas flacas. Esta última parte no la tienen nunca en cuenta ni sus seguidores acérrimos. Pero no es culpa de los políticos, para ellos el futuro no va más allá de las próximas elecciones de dentro de unos meses. Nuestro sistema está quebrado porque los responsables de decidir los temas económicos de largo plazo viven en el corto plazo. Las consecuencias de esas decisiones las pagamos todos. ¿Por qué no se rebela el pueblo español ante estos excesos? Primero, por el analfabetismo financiero. Segundo por la hipótesis de la irracionalidad racional de Caplan, por la que el votante medio acepta medidas irracionales (como el gasto sin control) porque supone que las consecuencias para él van a ser mínimas, los beneficios altos (como las ayudas y subvenciones en un país donde vive más gente dependiente del sector público que del privado). Además, el precio de todo eso lo van a pagar los ricos, que son unos egoístas y que han obtenido sus ganancias aprovechándose de los demás (los trabajadores principalmente). Con esto último se calma la conciencia del votante medio. Ya se sabe que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón.

Los bancos centrales son cómplices necesarios de toda esta política de caldo gordo. Olvidaron su principal misión que es el control de los precios. Presionados por el interés político, entre otras medidas, se lanzaron a comprar bonos de los estados miembros incumpliendo sus propios estatutos. Necesitamos instituciones que velen por el largo plazo y que rindan cuentas directamente a la ciudadanía. En realidad, necesitamos que las instituciones cumplan con el fin para el que fueron creadas y no cambien las reglas a mitad de partido por intereses políticos. En la crisis de la deuda soberana la situación se calmó cuando quebró Grecia. ¿Será igual esta vez? ¿Tendrá que quebrar uno de los PIGS? ¿A quién le va a tocar ahora?

Carlos Medrano Sola Economista en www.eximiaconsultores.com