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"Exceso partidista en fondo y forma"

"La renovación pendiente de los órganos constitucionales demuestra hasta qué punto se recurre a maniobras para suplir carencias de representatividad"

Avatar del Editorial DNEditorial DN25/06/2022
La decisión del PSOE de promover una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el mismo partido modificó hace un año impidiendo que un CGPJ en funciones proceda a nombramientos en los órganos judiciales, para introducir esta vez la salvedad de designar miembros del Tribunal Constitucional (TC), supone un exceso en fondo y forma. La anomalía de mantener en precario instituciones cuya composición depende de las Cortes Generales, vulnerando en esa medida la Constitución, es consecuencia del reparto partidario de sus integrantes como expresión de la colonización política de instancias que han de encarnar la neutralidad del Estado. En un clima de abierta confrontación entre los dos principales partidos del país -PSOE y PP- la renuencia de este último a renovar el CGPJ y el TC durante el gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos ha coincidido con la resistencia de Pedro Sánchez al diálogo y el acuerdo con los populares. Actitud sin concesiones hacia el adversario que con las elecciones andaluzas acaba de entrar en un largo período electoral de mutua negación. La renovación de los órganos constitucionales no sólo ha de hacerse en su momento y sin dilaciones. No sólo requiere del máximo consenso parlamentario para que las designaciones atiendan a criterios de solvencia. Es imprescindible que como resultado se asegure la legitimación y el arraigo social de tales instancias. Lo peor de que el CGPJ y el TC continúen en situación precaria no es que se vean en dificultades para llevar a cabo su tarea. Ni siquiera que, aun siendo extremadamente grave, se incumpla así con las previsiones de la Carta Magna. Lo peor es que está dando lugar a iniciativas partidistas que acaban desacreditando a las instituciones. El hecho de que el PSOE haya decidido reformar su propia reforma sin encomendarse siquiera a sus socios de gobierno, cuando necesita de la mayoría absoluta parlamentaria para su aprobación en tanto ley orgánica, demuestra hasta qué punto se recurre a maniobras para suplir carencias de representatividad.
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