El Gobierno de Pedro Sánchez se anotó un éxito al arrancar a la Unión Europea un tope al precio del gas con el que se genera electricidad en España y Portugal. Pero el estreno de la llamada excepción ibérica resultó ayer decepcionante, dejando una gran sorpresa desagradable en los consumidores. Hasta en el Ejecutivo admiten que es difícil encontrar un día peor para iniciar un mecanismo que llevaban esperando meses. Una tormenta perfecta evaporó el ahorro previsto: la ola de calor que está sufriendo la mayor parte de la Península Ibérica disparó el consumo, redujo la aportación eólica y obligó a un elevado uso de los ciclos combinados, de forma que la compensación a estos para que no produzcan con pérdidas absorbió el abaratamiento del ‘pool’ diario en un 23%. El megawatio/hora subió al final 10 euros respecto al lunes. Flaco consuelo supone para los ciudadanos que lo habría hecho aún más sin la entrada en vigor del nuevo mecanismo. Sin embargo, sería erróneo extraer conclusiones apresuradas y dar por fracasada esta fórmula. Como lo es suscitar desmesuradas expectativas sobre sus posibles efectos, lo que solo alimenta posibles frustraciones. La ‘excepción ibérica’ ofrece transitoriamente a España y Portugal la posibilidad de mejorar en competitividad respecto al resto de la Unión. Y desde luego debe suponer un alivio en un contexto económico delicado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira a rebajar con él un 15% la factura de la luz en un año y contener una desbocada inflación que no deja de castigar a los consumidores. Pero está por ver que esos ambiciosos objetivos son factibles. Máxime cuando la bonificación de 20 céntimos a las gasolinas -cuyos precios no paran de encadenar récords- ha confirmado la complejidad de corregir la dinámica de los mercados, tensionados hasta la extenuación por la guerra de Ucrania que supera ya los cien días de conflicto y cuyas consecuencias son impredecibles.