Sánchez no podía ignorar que el viraje en el Sahara tendría consecuencias

La decisión de Argelia de suspender el tratado de amistad con España, seguida de las instrucciones de su presidencia para congelar las relaciones comerciales entre ambos países, ha abierto un juicio político acerca del viraje del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara y sus consecuencias. Las supuestas ventajas de la adhesión a la propuesta de Marruecos de reconducir el conflicto hacia la autonomía de un territorio sobre el que España no puede eludir sus responsabilidades históricas son insuficientes para contrarrestar las represalias en forma de anulación de contratos y compromisos empresariales. Además, cabe temer que el precio del gas argelino penalice la actitud de Madrid e incluso un posible aumento de la presión migratoria hacia nuestro territorio por pura permisividad. Es indudable que Argelia, como Marruecos, se rige por criterios distintos a los de la España constitucional tanto hacia dentro como hacia fuera. Pero el Ejecutivo, que ha cometido un evidente error de cálculo, no puede recurrir, a la vez, a la sagacidad de variar el rumbo de la histórica postura en torno al Sáhara y a la ingenua pretensión de que Argel se contenga por indicación de Bruselas. Mucho menos en un mundo del que forman parte la Rusia que invade Ucrania a la espera de que los países en vías de desarrollo atiendan sus señuelos, la China que ofrece cobertura diplomática y comercial a semejante agresión mientras aprovecha el momento para extender su influencia y hasta la Italia que dentro de la UE encuentra un resquicio ventajoso en esta crisis entre Argelia y España. No basta con que el Gobierno busque ahora el apoyo de Bruselas cuando es evidente que pudo proceder de muy distinta manera: gestionando la acogida humanitaria de Brahim Ghali en el seno de la UE, concertando la aproximación a Marruecos en el Congreso con una fórmula más acorde a la literalidad de la ONU respecto al Sáhara y mostrándose menos presuntuoso con Argelia.