"Mantener en España a menores multirreincidentes en conductas violentas sin una respuesta judicial les puede crear un equívoco sentimiento de impunidad"
Javier Urra09/06/2022
No es discriminar. Debemos de mostrarnos con criterio, ya sea con adultos o con menores, nacidos en nuestra tierra o venidos de fuera. Navarra es reconocida como noble, leal y acogedora, pero sus pueblos y sus gentes son recias y no admiten amenazas, robos, y agresiones.
Es por ello, que cuando unos MENAS (Menores no Acompañados) cometen hechos que están tipificados como delitos o faltas, deben ser denunciados, la Fiscalía de Menores intervenir y el juzgado sancionar si así se estima.
Y es que la educación exige sanción y diferenciar a quien se comporta bien, de quien no lo hace.
Mi experiencia como primer Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y mis más de 30 años como psicólogo forense de la Fiscalía de Menores me otorgan un amplio bagaje y auctoritas para afirmar, que no tomar medidas sancionadoras con los infractores deviene en daño para la población y en respuestas injustas para sus compañeros, incluso en una preocupante deriva para ellos mismos.
Integrar exige de un posicionamiento bidireccional, y debiéramos siempre recordar que hay quien no desea integrarse, aceptar normas, seguir los criterios de los educadores y generan graves problemas que pueden llegar a ser un día peligrosos e incluso irreversibles. Desde hace un tiempo en el centro situado en Marcilla, nos encontramos con chicos realmente problemáticos, quizás pero solo quizás una de las causas sea que el centro sea grande y se precise en Navarra un centro de acogida y otro de estancia, pero habremos de preguntarnos qué alcalde muestra la solidaridad compromiso, y valentía para aceptar que en su localidad se instale un centro de 20 plazas para esa labor de acogida y diferenciación, que repito nada tiene que ver con la discriminación.
Se entiende perfectamente, que la policía foral, se muestre muy molesta ante hechos reiterados que si bien no caben quizás calificarse como de motín, se asemejan.
Se trata de no minimizar los hechos, las autoagresiones, las heteroagresiones y de sentarse de manera eficaz la Fiscalía, la consejería de Derechos Sociales, la policía y los profesionales del centro y las autoridades locales.
Considero asimismo importante que se generen figuras de apego y de vínculo con los jóvenes en los centros donde residen y en los entornos donde puedan desarrollarse, trabajar e incorporarse. Probablemente se precise contratar personal de seguridad y ampliar el dedicado a estos jóvenes que tienden a consumir inhalantes y benzodiacepinas, sin olvidar aquellos recursos de contención que la legislación permite para supervisados desde la Fiscalía de Menores evitar males mayores en hechos que siempre promueven un grupo muy reducido y determinado de jóvenes. También mejorar las estructuras del centro actual y del que previsiblemente se necesita. Es de agradecer la labor que realizan asociaciones del pueblo de Marcilla y el propio párroco muy abiertos a dar una posibilidad a estos jóvenes que sin duda a veces hacen sufrir, por lo mucho que han sufrido.
Pero es que además hemos de saber que hay dificultad para la contratación de educadores para este tipo de centros, por considerarlos de riesgo.
Se puede entender que la Fiscalía de Menores no opte por imponer medidas cautelares y solo actuar mediante denuncias firmes.
Nuestra Comunidad Foral de Navarra cuenta con figuras muy reconocidas como es el Defensor del Pueblo que siempre está dispuesto a una labor mediadora, creativa, alternativa e inteligente.
Mantener en España a menores multirreincidentes en conductas violentas sin dar una respuesta judicial les puede crear un equívoco sentimiento de impunidad, y a la ciudadanía una errónea percepción, de que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 no tiene herramientas eficaces para dar respuesta a conductas inadmisibles.
Hay jóvenes que deben estar en centros de protección, pero los hay que precisan centros de reforma, antes de que la propia población entienda y manifieste la necesidad de devolverlos a sus países de origen, lo cual no siempre es fácil pues la Convención de Derechos del Niño (entendida como infancia) exige saber que vuelven a un lugar donde está su familia, donde serán acogidos y correctamente tratados.
A veces mienten en cuanto a su lugar de procedencia y resulta imposible realizar este viaje de vuelta.
No hemos de olvidar ni minusvalorar, reitero, que el consumo de alcohol y de otras drogas por parte de menores, aparte de que choca frontalmente con la normativa, los hace realmente peligrosos.
Mucho más allá de ideologías, de partidos políticos, de posicionamientos apriorísticos, creo cabe el diferenciar a los menores que merecen ser bien tratados desde la confianza, y a los que merecen ser bien tratados desde la respuesta judicial, no hacerlo pondrá en riesgo a muchos de sus compañeros, a los ciudadanos y al sistema que hemos creado de protección y reforma de los menores, en un país España que no olvidemos pertenece a Europa y se rige por su legislación.
Javier Urra Dr. en Psicología. Dr. en Ciencias de la Salud; Académico de Número de la Academia de Psicología de España; Primer Defensor del Menor
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