Las diferencias entre los socios del Gobierno de Navarra respecto a la forma y oportunidad de poner peajes en cinco vías de gran capacidad de la Comunidad foral a los camioneros, abre alguna incertidumbre sobre la ley que se tramita. Geroa Bai se ha desmarcado del PSN y del resto de los grupos -sólo Navarra Suma se ha mostrado en contra de los peajes- y anuncia la presentación de enmiendas a la ley que va a regular los pagos por uso de cinco carreteras: las autovías del Norte, la Barranca, Leitzaran, del Ebro y la Pamplona-Behovia. El Gobierno foral pretende que sea el transporte de mercancías el que sostenga el gasto de mantenimiento de las infraestructuras viarias navarras, cuanto el Ejecutivo central ha decidido paralizar la puesta en marcha de los peajes atendiendo a la situación de crisis que está atravesando el sector y a la falta de consenso. El déficit de financiación de las carreteras navarras es responsabilidad de los gobiernos que en los últimos años han hecho dejación de las inversiones necesarias para mantener y mejorar la red viaria foral. Pero no siempre fue así. En los últimos lustros del siglo pasado y en los primeros de este se hicieron inversiones importantes para que las vías navarras estuvieran entre las primeras del país, imprescindible para el desarrollo y cohesión del territorio. Los recortes de las partidas destinadas a la mejora de las carreteras nos han traído hasta aquí. Y ahora el Ejecutivo de Chivite pretende corregir ese déficit mediante los peajes a los vehículos pesados, una solución “discriminatoria”, que penaliza a las empresas del transporte y repercutiría en el precio final de las mercancías. La discrepancia de Geroa Bai con el resto del Gobierno no debe generar en las asociaciones de transportistas grandes expectativas. Es socio de gobierno y comparte la iniciativa de cobrar peajes a los camioneros, aunque crea que debe considerarse la situación de crisis del sector. Difícilmente se podrá reconducir la situación, y a pesar de la brecha abierta en el Gobierno, la ley de peajes ya se tramita en el Parlamento.