La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta de la crisis desatada en torno a Pegasus retrató ayer el momento que atraviesa la legislatura. Los aliados del Gobierno de coalición, tomando distancias de insatisfacción respecto a quien invistieron; la oposición del PP, tan severa como antes de la llegada de Núñez Feijóo a su liderazgo; Vox y Ciudadanos marcando sus respectivos terrenos; y el presidente, tratando de sortear la cita después de denunciar la corrupción en el pasado reciente de los populares. Sánchez transmitió la idea de que el Ejecutivo ya ha informado de todo lo que podía conocer y redujo su intervención a un acto de rendición de cuentas ante sus socios del independentismo catalán. Para ello, no dudó en equiparar el origen de la intrusión en su propio móvil y en los de los ministros de Defensa e Interior con las escuchas realizadas a los líderes independentistas. Al tiempo, se desentendía de las operativas pasadas y futuras del CNI al atribuir toda responsabilidad sobre eventuales anomalías o irregularidades al servicio de inteligencia y al juez. Parece razonable que se actualice la Ley de Secretos Oficiales en vigor desde 1968 y que se estudie hacer lo propio con la norma que rige el funcionamiento del CNI desde 2002. El peso creciente de las nuevas tecnologías tanto en las amenazas como en los sistemas de seguridad requeridos lo hacen imprescindible para preservar derechos fundamentales maximizando la eficiencia en inteligencia. Pero Sánchez no avanzó ayer ni el contenido de las reformas legislativas, ni cómo se propone fijarlas, ni con qué grupos pretende acordarlas. Es el retrato de una legislatura que se sostiene a duras penas, al ritmo que marcan las exigencias de los grupos independentistas. Con el Gobierno salvando a la tarde la tramitación del proyecto de Ley Audiovisual gracias a la abstención de un PP cuya trayectoria fue utilizada a la mañana por el presidente para justificar su personalísima resiliencia.