El asesinato de 19 niños y de dos profesoras a manos de un joven de 18 años en una escuela primaria de la localidad texana de Uvalde ha vuelto a estremecer a Estados Unidos y al mundo. El pasado año se produjeron 693 tiroteos masivos -con cuatro muertos o más- en el país. El actual, 43 alumnos han sido asesinados en centros de enseñanza en análogas circunstancias en lo que va de año. La actuación de Salvador Ramos en Uvalde fue tan parecida a la de Adam Lanza hace casi una década en la escuela Sandy Hook de Connecticut que, junto a casos como los de Columbine y Parkland, permite confirmar un patrón general de conducta. Un patrón en el que concurren la inestabilidad psicológica extrema y la necesidad nihilista de notoriedad en torno a la adolescencia, un deseo difuso de revancha que anula la mínima empatía, todo ello conjugado con el fácil acceso a la posesión de armas de fuego como recurso visualizado desde la más temprana edad. EE UU se resiste a confrontar que es el único país del mundo en el que se suceden sin cesar los ataques con armas de fuego indiscriminados y sin motivación precisa. Las administraciones tienden a establecer medidas de protección en escuelas e institutos, en centros comerciales y en eventos, mientras el Senado norteamericano continúa evitando legislar siquiera para exigir más antecedentes a los compradores de armas. Porque hasta la tragedia de Uvalde ha permitido a los entusiastas de la Segunda Enmienda alegar que no se trata de impedir que el eventual agresor acceda a armas y municiones. Que la solución está en conseguir que sus potenciales víctimas se provean de medios de defensa suficientes para evitar lo peor. Así es como la sinrazón violenta atenaza a todo un país cuando pretende liderar la respuesta democrática al auge de la fuerza. Cuando el sentido común exigiría restringir el alcance de la Segunda Enmienda para poder intervenir sobre pulsiones personales que cuentan con más armas particulares que ciudadanos en Estados Unidos.