El Rey recibió ayer a su padre en Zarzuela en la primera visita de Juan Carlos de Borbón a su país después de casi dos años residiendo en Abu Dabi. Felipe VI citó al emérito, que abdicó en 2014, muy probablemente para superar distancias tras las tensiones afloradas entre ellos y despejar dudas respecto a los pasos que más convienen para garantizar el futuro de la Monarquía constitucional. Un futuro que requiere del anterior jefe del Estado la mayor de las lealtades hacia su sucesor, sin que ni sus acciones ni sus omisiones puedan interpretarse como reserva alguna hacia el papel que corresponde jugar a este. Aun exonerado de responsabilidades penales por su prescripción o la inviolabilidad que le acompañaba durante su mandato, Juan Carlos I debe de actuar en el presente y en el futuro con la sensibilidad necesaria como para no incomodar a Felipe VI. Como monarca abdicado y como padre, su obligación es hacerse a un lado. Aunque evite dar explicaciones que en su particular versión podrían comprometer todavía más a la institución que sigue representando, ya que no existe motivo alguno que justifique el cobro de ingresos ajenos a los previstos en los Presupuestos ni su ocultación posterior a Hacienda, constatados por la Fiscalía. Es evidente que las imágenes de Sanxenxo han dado alas a quienes tratan de socavar la Monarquía. Pero el mayor desafío al que se enfrenta la Corona es que aflore una defensa añorante del legado de Juan Carlos I que incurra en desconsideración hacia el mandato de Felipe VI, disculpando los excesos del primero y depreciando como una concesión innecesaria los intentos renovadores del segundo. En un clima de polarización extrema, solo cabe esperar que el Rey reconviniera ayer a su padre de manera efectiva para que su paulatina vuelta a España no se convierta en un subterfugio recreativo que dañe la imagen de la Corona y dé argumentos a quienes aprovechan cualquier oportunidad para poner en entredicho la institución monárquica, la Transición y el denominado régimen del 78.