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"Si esta legislación tan intrusiva no afronta toda la complejidad, si insiste en sustituir el rigor académico por la pulsión ideológica, se fracasará"

Avatar del undefinedAlberto Nahum21/05/2022
Los gobiernos quieren influir en los ciudadanos; forma parte del sano juego democrático. Los problemas son la excesiva injerencia en el ámbito privado y el paternalismo; cuando la ingeniería social rebasa el sentido común y la ideología violenta datos y hechos. Una de las últimas intromisiones es el plan de igualdad obligatorio para empresas, necesario para acceder a subvenciones y licitaciones públicas. El Real Decreto-ley 6/2019 aspira a “garantizar la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación” sentenciando que “persisten unas desigualdades intolerables en las condiciones laborales” y dando por sentado que existe “una fuerte discriminación” que afecta a los derechos fundamentales de las mujeres.
La clave es qué se entiende por “igualdad efectiva”. Las bellas palabras seducen y el papel lo aguanta todo. Sin embargo, la realidad es infinitamente más enrevesada. Un concepto con tantísimas connotaciones morales y políticas, que lleva debatiéndose desde Aristóteles hasta Piketty, pretende fijarse ahora por decreto. Ahí asoma la primera trampa: se exigirá igualdad, sí, pero según los sesgados criterios de Moncloa. Por tanto, quienes elaboren los planes en las empresas tendrán que prolongar la ideología gubernamental. No se admitirán visiones liberales, heterodoxas o, simplemente, no-materialistas de la igualdad.
Esta politización se aprecia, por citar un caso cercano, en uno de los cursos al respecto más demandados. Este diario daba cuenta del reciente acuerdo entre la Universidad de Navarra y la Confederación Empresarial Navarra para promover la formación en igualdad (DN, 3-3-22). La web del curso posterga la igualdad ante la ley consagrada por nuestra Constitución para apostar por “una igualdad real o efectiva”. Es un sintagma que encierra numerosos inconvenientes. Como toda utopía, apunta un horizonte difuso donde el nosotros ahoga al yo. ¿Cómo se mide esa igualdad “real”? ¿Analizando el número de mujeres y hombres que trabaja en turnos de noche? ¿Alentando paridad en limpieza y mantenimiento, en enfermería y construcción… o solo en altos cargos?
Por otro lado, ¿cómo premiamos el mérito? ¿Asumimos que el talento siempre se repartirá –en todos los casos, profesiones y escalas laborales– de forma escrupulosamente equitativa, al 50% entre cada sexo? ¿Solo será “real o efectiva” esa igualdad cuando, teniendo en cuenta las cifras globales, todos los hombres y mujeres de una empresa cobren lo mismo? Ahí, ¿qué pasa si hay más mujeres que, ejercitando su libertad, deciden reducir la jornada o la ambición para obtener otras ganancias personales (véase Lubinsky et al., Psychological Science, 2016)? ¿Sacrificamos la libertad individual, tangible, por unos datos que apuntalen una porosa identidad colectiva? Es la denuncia que Camille Paglia, una feminista histórica, hace de las actuales políticas identitarias: “Si el feminismo ha retrocedido en visibilidad y prestigio es precisamente porque su visión de las metas y recompensas de la vida se ha vuelto demasiado estrecha y elitista”.
Ahí radica la gran pega de esta ley y de cualquier concepción que prescriba “igualdad real o efectiva”: la libertad queda reducida a una mera nota al pie. Así, cuando no se logren los resultados esperados, se redoblará la apuesta igualitaria, en lugar de explorar otras causas que aclaren las diferencias. Ocurre con la paradoja nórdica, por ejemplo. Países punteros en leyes de equidad como Noruega, Finlandia o Suecia ostentan enormes brechas de género en ingeniería (Stoet & Geary, 2018), por citar uno de los ámbitos donde más machaconamente quiere intervenir la citada ley. Sin embargo, tras analizar los datos de 80.000 personas de 76 países, la insigne revista Science detectó que cuanto más altos son los niveles de desarrollo económico y de igualdad de género, mayores manifestaciones de diferencias sexuales emergen (Falk & Hermle, 2018). Esto contribuiría a explicar que en las prósperas Australia y Canadá el porcentaje de ingenieras sea la mitad que Argelia o Túnez.
El lastre de leyes como esta –donde lo ideológico se disfraza de técnico– es que ignora argumentos y números que contraríen su fervor partidista. Por eso la conversación oficialista sobre igualdad excluye una brecha sangrante: el 91% de las víctimas laborales son hombres. Cuando la muerte ronda, el deseo regulatorio de “igualdad real o efectiva” en el curro se esfuma. Pero demandar cambios solo para lo beneficioso –el “feminismo bufet” que parodiaba el cómico Bill Burr– no casa, desde luego, con el igualitarismo matemático que se persigue.
Por tanto, si esta legislación tan intrusiva no afronta toda la complejidad, si no está abierta a la duda y revisión de sus premisas, si omite la libertad como factor esencial en las enmarañadas decisiones humanas, si insiste en sustituir el rigor académico por la pulsión ideológica, será una iniciativa condenada, una vez más, al fracaso. Dilapidando, además, un buen puñado de dinero público por el camino.
Alberto Nahum García Profesor Titular de Comunicación
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