El PSOE ha propuesto al Congreso una norma que trataría de acabar con la prostitución agravando penas y sanciones contra los proxenetas y los clientes que recurran a los servicios sexuales ofertados. La iniciativa surge con una excesiva carga partidaria que enfrenta a los dos socios del Gobierno de Pedro Sánchez. La explotación sexual de las mujeres revela conductas tan abyectas respecto a la dignidad humana que es inevitable que la legislación posible para erradicarla suscite controversia. La trata de mujeres y de menores sometidas a esclavitud sexual, la explotación y la sujeción de tantas víctimas a una forma de vida basada en un intercambio por servicios que las cosifica describen una realidad en las antípodas de la libertad de las personas. Con ello se desarrolla la más infame de las industrias, como es el proxenetismo organizado en redes criminales que, además, recurren a la drogodependencia para asegurar su oferta de voluntades anuladas. Frente a lo peor de lo peor resulta injustificable que partidos coaligados en un Gobierno deriven sus disputas hacia un ámbito tan sangrante de la desigualdad, pretendiendo dibujar líneas de división ideológicas a cuenta de miles y miles de quebrantos personales y de un cautiverio vital tan atroz a cambio de una tarifa indescifrable. El desafío de la prostitución obliga a las formaciones a izquierda y derecha del Gobierno a definirse sin evasivas. España en su conjunto debe confrontarse con la prostitución implicando a todas las administraciones públicas en un esfuerzo colectivo por erradicarla. Porque considerarla un asunto residual revela la hondura y la magnitud del problema. Se trata de prohibir un negocio que vive de la explotación y humillación de las mujeres, lo que obliga a concertar un marco de reformas penales y de medidas administrativas de las que ningún partido representativo se desentienda con tal de acabar con una forma de esclavitud del siglo XXI.