Los temores del Banco de España se han hecho realidad, con la atenuación del consumo de las familias y la persistencia de la inflación subyacente. A los efectos del incremento de los precios de la energía sobre los costes de la producción y de los productos podría sumársele una segunda ronda inflacionista con la subida de salarios, al tiempo que las pensiones acompañan al IPC. Es lo que llevó ayer al gobernador Pablo Hernández de Cos a urgir un pacto de rentas que contenga la inflación. Pero un pacto que, según el criterio del Banco de España, debería contemplar las pérdidas del ejercicio como una merma a consolidar y no a recuperar inmediatamente. Pesa la perspectiva apuntada por la Comisión Europea de que nuestro país no volverá a los datos económicos anteriores a la pandemia hasta avanzado 2023. Aunque el turismo supere tanto los resultados de los dos veranos anteriores como los del resto de Europa, la insistencia en que España continúa creciendo por encima de la media de la UE olvida que nuestro punto de partida a causa de la covid-19 fue muy inferior. El Banco de España ha introducido un tema difícil de metabolizar tanto en el marco del diálogo social como en el ámbito político: la conveniencia de que las pensiones contribuyan a rebajar la inflación indexando únicamente las mínimas en relación al IPC. Una cuestión que no debería convertirse en tabú cuando legalmente es posible modular su incremento de manera progresiva y solidaria. Del mismo modo que ha de tenerse en cuenta la propuesta del Banco de España de estudiar los tributos medioambientales frente a reducciones en IVA. O su alerta sobre que las cuentas públicas en España se están quedando atrás en inversiones y en educación. Pero el enconamiento partidario, un diálogo social en el que las organizaciones ponen a prueba sus respectivos equilibrios internos y la inclinación del Poder Ejecutivo a no tener en cuenta el parecer de las demás instancias públicas están cegando buena parte de las posibilidades de nuestra economía.