Resultaría escandaloso que en un sistema democrático los aparatos del Estado espiaran a ciudadanos solo por profesar una determinada ideología, sin indicio alguno de que pudieran haber cometido delitos o estar preparándolos ni atenerse a los preceptos más básicos del ordenamiento jurídico. Tal comportamiento sería, además de inaceptable, motivo de persecución penal. Ese escenario en nada se corresponde con lo que hasta ahora se conoce de forma fehaciente sobre el caso Pegasus: que el CNI intervino las comunicaciones de 18 dirigentes independentistas con autorización expresa del magistrado del Tribunal Supremo que supervisa sus acciones tras remitirle una solicitud motivada. La insólita confirmación por parte del Gobierno de una intrusión en los móviles del presidente y de dos ministros ha sembrado una comprensible alarma y desconfianza social. El hecho de que entre los investigados por el CNI figure Pere Aragonès, presidente de la Generalitat y principal socio de Pedro Sánchez, otorga una incuestionable carga política a la operación y hace difícil imaginar que La Moncloa la ignorara. Pero la inconveniencia para el líder socialista de que haya salido a la luz no pone en duda su legalidad. Mezclar actuaciones amparadas por la ley con supuestos espionajes indiscriminados atribuidos sin pruebas a “las cloacas” no es gratuito: forma parte de una estrategia de desprestigio del Estado. Esa zafia caricatura de una España negra es obra de los aliados de Sánchez, quien parece más interesado en asegurarse sus votos que en defender el prestigio de las instituciones. La labor del CNI, que en el pasado protagonizó bochornosos escándalos, es susceptible de una sustancial mejora. Y pueden resultar pertinentes medidas adicionales de control de sus actuaciones. Pero sostener sin base, como hace el independentismo, que el Estado espía a adversarios políticos merecería una respuesta de los poderes públicos aunque solo fuese para tranquilizar a la sociedad.