El Gobierno, Podemos en este caso, con su socio, el PSOE, impulsa una nueva ley del aborto en España. La gran novedad que introduce es que las chicas puedan abortar libremente entre los 16 y los 18 años sin necesidad del permiso de los padres. Una vuelta de tuerca más en la dirección equivocada, mediante una ley que busca taponar un debate también jurídico pendiente de solución en el Tribunal Constitucional. La despenalización del aborto es una cuestión que abre un debate de profundas raíces éticas y morales porque no se puede ignorar que hay una nueva vida humana en juego cuando se habla de derechos. Y esta perspectiva, lamentablemente, está ausente del debate político actual. La nueva ley que plantea que jóvenes de 16 años puedan tomar una decisión de este calibre con total autonomía, evidencia que el Ejecutivo ha perdido el norte y que lo único que pretende es ahondar en una profunda división social. Carece de cualquier sentido que si nuestras leyes no permiten a una chica de 16 años comprar alcohol o votar en las elecciones, pueda decidir sobre algo todavía mucho más esencial como es la vida de un no nacido y sin contrapeso familiar alguno. Esta nueva ley no tiene justificación social, jurídica o moral alguna. Lo que pretende es eliminar la posibilidad de que el Constitucional no acepte la actual norma legal, ya que el fallo está pendiente y puede ser cercano en el tiempo. Hay que recordar que el Alto Tribunal todavía debe decidir si el aborto es un derecho fundamental en España y si el sistema de plazos existente es constitucional. Derogando la ley actual y aprobando una nueva, más permisiva, se cercenan las posibles consecuencias prácticas ante un posible fallo negativo. Todo en un contexto internacional donde el Supremo de EEUU, de mayoría conservadora, también va a cuestionar el aborto como un derecho. El Ejecutivo español, en vez de dar un paso al lado y reflexionar, de nuevo opta por una patada al frente blindando el aborto y eliminando cualquier obstáculo para su práctica.