El Gobierno logró ayer, por solo cuatro votos, que el Congreso convalidara el decreto-ley de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. El PSOE y Unidas Podemos obtuvieron esa ajustada mayoría tras unas arduas negociaciones en las que sumaron in extremis el apoyo de nueve fuerzas políticas. El PP se decantó finalmente por el ‘no’, al igual que ERC, que pasó así factura a Pedro Sánchez por el presunto espionaje del CNI a independentistas catalanes. El caso Pegasus evidenció la precariedad parlamentaria del Ejecutivo, de nuevo al borde del abismo en una cuestión trascendental, como ya sucedió con la aprobación de la reforma laboral. Solo el salvavidas que le lanzó EH Bildu evitó un revés de impredecibles consecuencias, que habría puesto la legislatura en una situación límite. Aunque resulta sorprendente que la principal condición de EH Bildu para apoyar el decreto era no aceptar ninguna de las medidas planteadas por el PP relacionadas con bajadas de impuestos. Sorprende porque en Navarra, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz condicionó el voto de su grupo para apoyar las medidas anticrisis propuestas por el Gobierno de Chivite a la aceptación de una deducción extraordinaria en el IRPF para rentas inferiores a 30.000 euros, que afectaría “a 234.000 personas”. En cualquier caso, las iniciativas contenidas en la regulación, aplicadas desde hace un mes, seguirán adelante hasta el 30 de junio, según está previsto. Y deberán prolongarse en el tiempo porque el conflicto bélico y sus derivadas económicas y sociales persisten. Por eso resulta imprescindible que el Gobierno de Sánchez se abra a negociar su articulado con el PP y deje de legislar sobre materias urgentes recurriendo a la mezcla de prestidigitación y funambulismo que acostumbra a practicar. Máxime cuando las incertidumbres económicas están lejos de verse disipadas. Las llamadas a la unidad y al consenso de Sánchez son un emplazamiento al resto de los grupos para que voten a su favor.