La guerra de Putin empezó a ofrecer visos de que podría prolongarse a las pocas semanas de iniciada la pretendida invasión de Ucrania. Pronto la superioridad militar rusa no pareció capaz de hacerse con el país en cuestión de días, mientras que la resistencia ucraniana demostraba una entereza inesperada. La respuesta unitaria de los socios de la OTAN a tan ilegal agresión y su condena por parte de la comunidad internacional, salvo China, India y algunos otros países permitió la adopción de sanciones económicas y el envío paulatino de armamento a Ucrania. Apoyos que no atienden del todo las necesidades de aprovisionamiento y defensa que reiteran los ucranianos, empezando por declarar su espacio aéreo zona de exclusión, pero que han frustrado los propósitos del Kremlin de aislar Ucrania sembrando la discordia entre los aliados occidentales y ninguneando a la UE. Hasta tal punto que se ha convertido poco menos que en axioma el supuesto según el cual si el régimen de Putin no se sale con la suya se corre el riesgo de que Moscú recurra a su potencial nuclear. Términos en los que sus portavoces se han pronunciado tras cada revés, mientras desde meses antes de febrero empezaron a utilizar la dependencia europea de sus fuentes de energía como mecanismo de contención de la réplica occidental. El cierre de la conducción de gas a Polonia y Bulgaria ayer trata de intensificar la presión sobre Alemania. Al tiempo que los sabotajes anónimos sobre el territorio satélite de Transnistria advierte de la posibilidad de que Rusia intervenga sobre suelo moldavo, ampliando el radio de acción de su estrategia expansiva. Señales que vienen a confirmar la hipótesis de un conflicto bélico duradero que ya ha derivado hacia una guerra de desgaste a la que Ucrania y los aliados no pueden responder más que con la misma moneda. Es imprescindible que la Unión Europea establezca una actitud común y duradera frente al chantaje energético ruso.