La decisión del Rey de hacer público su patrimonio privado -2,5 millones de euros- constituye un gesto de transparencia tan inédito como necesario que preludiaba la aprobación ayer por el Consejo de Ministros del decreto que reformará la estructura y el funcionamiento de la Casa Real. El paso dado por Felipe VI y la iniciativa del Gobierno han de redundar en el compromiso con la ejemplaridad y la rendición de cuentas a las que se comprometió el monarca al acceder al trono y a las que debe ajustarse el comportamiento de la Monarquía constitucional. El comunicado emitido por la Zarzuela atribuye el anuncio a “las convicciones” del jefe del Estado y sus “deberes” para con los ciudadanos, desligándolo expresamente de las investigaciones en que se ha visto envuelto el rey emérito. Pero resulta elocuente que el detalle patrimonial certifique que éste procede de las asignaciones recibidas del Presupuesto de la Casa Real desde que Felipe VI era Príncipe de Asturias y sin bienes en el extranjero. Quien representa ahora a la Corona no es responsable de conductas que la han erosionado en los últimos años. Pero sí ha de responder al mandato de ética pública que reclama la Jefatura del Estado. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que refuerza la transparencia y la eficiencia de la Casa Real. Dejará de ser un organismo imposible de fiscalizar para las principales instituciones de control del Estado, en especial el Tribunal de Cuentas. Se da así un paso necesario para modernizar la Monarquía española, adaptándola a las exigencias del siglo XXI. Y sitúa a Casa del Rey a la altura de los demás organismos del Estado que manejan dinero público. Tanto este decreto, como la iniciativa del Rey de hacer público su patrimonio, forman parte de la idea de fortalecer la institución y quitar excusas a algunas formaciones políticas empeñadas en terminar con la legitimidad histórica de la Corona.