La revelación periodística de los contactos entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona Gerard Piqué, que desnudan cómo se trasladó la ronda final de la Supercopa española a Arabia Saudí permite varias lecturas, todas ellas tan críticas como espinosas. La primera tiene que ver con el modo en que se han obtenido los mensajes de audio. El máximo responsable de la FEF denuncia que es víctima de un complot por el cual se han interceptado ilegalmente sus comunicaciones, por lo que el camino que debe emprender su denuncia es el de la justicia para determinar si, como parece, tanto él como Piqué han sufrido una intromisión ilícita en su intimidad. Pero una vez destapados la literalidad y el cariz de sus charlas, resulta imposible sustraerse a las consecuencias que proyecta el acuerdo con las autoridades saudíes sobre la entereza profesional y ética de la Federación, de un ídolo deportivo como el defensa del Barcelona y de la selección española y, por extensión, del mundo del fútbol cuando los intereses crematísticos se imponen a cualquier otra consideración en un deporte que es un negocio legítimo, sí, pero también un poderoso transmisor de valores. La denuncia ante Anticorrupción de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, abre la vía judicial que dilucidará si existe alguna irregularidad punible en el contrato por el que la FEF se embolsa 40 millones de euros por cada una de las seis ediciones de la Supercopa comprometidas en Arabia Saudí y Kosmos, la empresa dePiqué, 24 en comisiones. La legalidad de su actuación en la que se escuda Rubiales no solo está a prueba ahora de las diligencias de la Fiscalía. Es dudosamente compatible con el código ético de la Federación que llama a guardar la transparencia; la evitación de los conflictos de intereses, es obvio que Piqué utilizó su ascendiente como jugador involucrado en el torneo en beneficio de sus actividades empresariales; y el alineamiento con la promoción y defensa de los derechos humanos, requisito al que no se ciñe el país saudí.