El Gobierno de Navarra acaba de anunciar a los sindicatos de la función pública que hará fijas 2.186 plazas de interinos a través de un concurso de méritos. Se trata de plazas ocupadas temporalmente al menos durante cinco años, en Salud y Administración núcleo, siguiendo así las directrices marcadas por el Gobierno de Sánchez, para atajar la temporalidad en el sector público. Se trata de una exigencia de Bruselas a la que debe darse una respuesta: no puede permitirse que haya áreas de la Administración con más del 50% de la plantilla interina. Sin embargo, el camino elegido por el Ejecutivo central tiene lagunas de complicada gestión legal, como conjugar los derechos de los interinos de larga duración con los de otros ciudadanos que quieren acceder a esos puestos a través de un concurso- oposición. Es la propia Constitución la que exige para el acceso a la Administración valorar los méritos académicos o profesionales, así como las competencias para el servicio público. La conversión en fijos del personal eventual de la Administración sin más requisitos que el tiempo debe ser algo puramente excepcional, estar muy justificado y ofrecer la máxima transparencia y seguridad jurídica. Con este procedimiento se pretende rebajar la temporalidad hasta el 8%, un objetivo todavía muy lejano a corto plazo, en España y en Navarra. El Gobierno de Chivite tiene que adaptar ahora la norma nacional a la singularidad navarra, dado que contamos con competencias exclusivas para regular el acceso a la función pública. A las 2.186 plazas, principalmente de Salud, se añadirán más adelante las correspondientes al área educativa, también con un importante porcentaje de interinidad. Es una oportunidad para subsanar un problema creado por los propios gobiernos a lo largo de los años, pero resulta imprescindible que se dote a este proceso del mayor consenso y certidumbre jurídica, de manera que los derechos de los interinos y del colectivo de opositores sean respetados.