La aguda incertidumbre económica causada por la guerra en Ucrania no impide albergar certezas sin margen de error. Por ejemplo, la coexistencia de un crecimiento inferior al previsto y de una inflación desbocada a corto plazo. El empuje de la actividad tras la sexta ola de la covid se ha visto frenado en seco por la cruenta invasión rusa, que ha encarecido bruscamente las materias primas -sobre todo, el gas y el petróleo-, penalizado a consumidores y empresas, y lastrado el comercio internacional. Varias instituciones acaban de poner cifras a esas sombrías perspectivas, que alejan al menos hasta finales del próximo año la recuperación del PIB anterior a la pandemia. El Banco de España espera una expansión del 4,5% para este ejercicio -nueve décimas menos que en su anterior estimación-, un 4,3% la Airef y un 4,1% el BBVA, frente al irreal 7% que todavía mantiene el Gobierno. El supervisor bancario apunta un parón de la economía este trimestre y un significativo repunte posterior. Aunque cualquier cálculo está a expensas de la impredecible evolución del conflicto bélico, el principal escenario que baraja no justifica caer en el alarmismo en lo que respecta al crecimiento que, aunque ralentizado, seguiría. Mucha mayor inquietud suscita un aumento de los precios que permanecería hasta el verano en torno al 10% y cerraría el ejercicio en una media del 7,8% pese al plan de choque del Ejecutivo. Un IPC en esos insoportables niveles empobrece al conjunto de la población y alienta el malestar social. El Gobierno y los agentes económicos harían bien en preguntarse por qué el encarecimiento de la energía y otros efectos colaterales de la guerra afectan más a nuestro país que a otros del entorno y obrar en consecuencia. La salida de la crisis no será ni fácil ni indolora. La necesaria estabilidad de las cuentas nacionales no es discutible. Pero carece de sentido exigir de inmediato el cumplimiento de los mismos parámetros de déficit y deuda que antes del covid cuando la coyuntura es radicalmente distinta.