La muerte a cuchilladas de un niño de 11 años a manos de su padre en Sueca (Valencia) constituye una nueva muestra de una forma de violencia machista singularmente atroz, que se cobra la vida de hijos habidos en común para causar un daño arrasador a la madre al arrebatarle para siempre lo que más quiere. El espeluznante crimen es solo responsabilidad de quien lo ha perpetrado, que deberá rendir cuentas ante los tribunales, pero al mismo tiempo ha puesto de manifiesto escandalosos errores en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Supone una tipología del asesinato atroz que resulta particularmente sobrecogedora, porque no satisfechos con someter a tormento físico y psicológico a sus parejas, los agresores optan por redoblar el padecimiento hasta lo inasumible por la vía de atacar a sus hijos. Hijos, en muchos casos menores, que son los suyos también, por lo que resulta diabólico que un padre ejecute a quienes son sangre de su sangre, indefensos y vulnerables, con el único objetivo de arruinar la existencia de las madres a las que arrebatan lo que más quieren. La devastación es incalculable, porque si las víctimas de malos tratos arrastran consigo la carga de la culpa que les inoculan sus verdugos, ese sentimiento corrosivo se multiplica exponencialmente cuando para hacerles daño a ellas, los atacados son sus hijos. Por ello, urge que los mecanismos de prevención detecten -y eviten- que la subordinación tóxica que impone la violencia machista a las que la sufren no sea tan poderosa como para dejarlas desprotegidas a ellas y a sus hijos. Esta sociedad y sus instituciones no pueden permitirse cargar responsabilidades en las mujeres maltratadas. Como en el caso de Sueca, siguen fallando escandalosamente todas las alertas que deberían estar afinadas contra la violencia machista. La violencia contra las mujeres ha de ser combatida con estrictas medidas preventivas que pongan el foco también en los hijos ante el alarmante ascenso de la modalidad denominada vicaria.