La reunión del jueves en la Moncloa entre el presidente, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del primer partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, estaba llamada a inaugurar un nuevo clima político de diálogo proclive al entendimiento. Tanto por la excepcionalidad del momento como por la necesidad de responsabilidad pública y sosiego institucional que el país tenía ya con anterioridad para eludir el extremismo. Que la cita se prolongase durante tres horas es en cualquier caso una buena señal, que no se había dado durante el liderazgo de Pablo Casado al frente del PP. La reunión atestiguó una escala de prioridades distinta, con Sánchez tratando de desencallar la tan postergada renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional entre otros requerimientos de más fácil consenso, y el máximo dirigente del PP poniendo el acento en la “alarma” económica y social. Núñez Feijóo tuvo el acierto de traducir a términos concretos la propuesta del PP de “bajada de impuestos”. La demanda de deflactar el Impuesto sobre la Renta desde el 1 de enero, de rebajar aún más el IVA de las energías, junto a la de gestionar los fondos europeos de manera más ágil para integrar en ellos inversiones, puso en entredicho el esquema del Ejecutivo Sánchez, que presenta el plan de choque frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania como un real decreto ley al que no cabría más que adherirse en su convalidación parlamentaria. Las medidas decretadas por el Gobierno rigen solo hasta el 30 de junio, y la gestión de los recursos del Next Generation no está sujeta a una supervisión parlamentaria estricta. De manera que puede hacer valer su agenda, emplazando al PP de Núñez Feijóo a retratarse ante planes que, aun siendo insuficientes, difícilmente pueden ser rechazados de plano por el primer partido de la oposición. Pero el presidente Sánchez se equivocará si confunde diálogo y entendimiento con imposición, porque el todavía presidente gallego no es un recién llegado a la política.