El espanto de Bucha, descubierto tras la retirada de las tropas rusas que desde esa ciudad trataron de cercar Kiev, no es un episodio aislado en la invasión de Ucrania siguiendo órdenes de Putin. Ha ocurrido también en Irpin y sigue ocurriendo a mucha mayor escala en Mariupol. El sistemático ataque a civiles desarmados continúa formando parte de su estrategia de liquidación de los ucranianos como una sociedad política independiente. Las imágenes que han estremecido al mundo responden a una operación tan deliberada que sus autores materiales y sus instigadores no quisieron siquiera evitar o disimular. Cuerpos inertes atados de manos y pies, fosas comunes improvisadas por sus convecinos, señales de tortura en algunos cadáveres y la evidencia de que más de 400 personas han muerto a balazos en Bucha componen el cuadro atroz con el que Putin advierte de que está dispuesto a sacrificar todas las vidas que necesite para imponer su sinrazón. Hasta los gobiernos más reacios a hacer frente a su amenaza prescindiendo del petróleo y del gas que seguimos importando deberían entender que la única manera de acabar con el belicismo imperial ruso y con un chantaje que pretende ser eterno es parar en seco sus aspiraciones. Empezando por su capacidad para mantener relaciones comerciales con los países que condenan la invasión de Ucrania. Aunque haya dudas y divergencias respecto al alcance de nuevas sanciones por parte de la UE o de algunos de sus miembros, es imprescindible que los responsables de la matanza de Bucha y de todas las demás violaciones de las normas internacionales no se crean protegidos por una impunidad universal porque lo estén por el Kremlin. Todo lo contrario: deben sentir el peso de la Justicia universal mediante investigaciones en las que instituciones supranacionales, gobiernos nacionales y organizaciones no gubernamentales concurran en el relato de hechos y en el señalamiento de presuntos culpables siguiendo las pautas de la Corte Penal Internacional y de su Fiscalía.