El descuento de 20 céntimos por litro de carburante que entró en vigor ayer, con grandes colas en las gasolineras y evidentes muestras de improvisación por parte del Gobierno central en su puesta en marcha, constituye un alivio pasajero para las familias en medio de un desbocado ascenso de los precios. La medida, sin embargo, pone a muchas estaciones de servicio en un brete, porque son el vehículo a través del que el descuento llega a los ciudadanos, asumiendo inicialmente el coste la gasolinera, hasta que Hacienda lo reembolse más adelante. “Queremos certezas, saber qué día nos dan el dinero y cuánto”, manifestaba así su queja el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Navarra. Aunque desde la Hacienda foral se les ha comunicado que comenzará a pagar la próxima semana, la realidad de muchas pequeñas gasolineras no disponen de la liquidez necesaria para adelantar esos descuentos una semana entera, con el riesgo de tener que cerrar. La extensión a toda la ciudadanía de esta medida, pactada inicialmente por el Gobierno de Sánchez con los transportistas para acabar con la huelga en el sector, tiene su precedente en las rebajas de impuestos para contener el insostenible encarecimiento de la luz. El alto coste de la iniciativa se verá compensado en parte con los mayores ingresos por IVA que garantiza la subida del coste de los combustibles. Este guiño social del Ejecutivo, no cuestionado por ninguna fuerza política, servirá para aplacar un creciente malestar social. Se da la paradoja, sin embargo, de que añadirá presión inflacionista al favorecer la demanda, lo que no ayuda a corregir el problema de fondo. Las ayudas aprobadas en este caso y en el de la electricidad deberían ir acompañadas de acciones dirigidas a reducir el consumo, un factor que sí incide en los precios, aminora la dependencia energética del país y redunda en beneficio del medio ambiente.