En medio de un malestar social creciente por el desbocado aumento de los precios, el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece inequívocos síntomas de verse desbordado por los acontecimientos, lo que se ha traducido en una incomprensible parálisis para afrontar un encarecimiento sin precedentes de la energía, agravado por la guerra en Ucrania, y una huelga de transportistas que amenaza con colapsar el país. Lejos de adoptar medidas con la urgencia que requiere la situación, o al menos de anunciarlas para tranquilizar a los sectores más afectados, el Ejecutivo se ha empecinado contra toda lógica en aplazarlas hasta el próximo martes, a la espera de los acuerdos del Consejo Europeo de hoy y mañana. Ni siquiera le ha hecho cambiar el paso la evidencia de que la cumbre de la UE dará portazo al grueso de sus propuestas, que ha ido cambiando sobre la marcha en una continua improvisación incompatible con la gravedad del momento. Esa inacción le ha dejado solo, con sus socios instándole a rectificar y alarmados por la deriva de una legislatura de incierto porvenir. El paro indefinido en el transporte cumple once días y no se observan signos de una pronta solución, aunque Sánchez se declarara ayer convencido de que esta semana la habrá, sin concretar qué hará para que sea posible. El Gobierno reaccionó tarde y mal ante el conflicto y no acaba de acertar en su gestión, como si le hubieran bloqueado las imágenes de lineales vacíos en los supermercados y los cierres de empresas ante la falta de suministros. No se entiende que el presidente se comprometiera con las comunidades a una rebaja temporal de los impuestos de los carburantes y luego la aparcara. Ni la negativa a reunirse con la plataforma convocante de la huelga. Ni la caricatura grosera de identificar con la ultraderecha a los promotores de una protesta con más de un 60% de seguimiento. El Ejecutivo no puede ser insensible a la angustia instalada en la calle por la insoportable carestía de la energía, las materias primas y la cesta de la compra.