El cambio operado por la parte socialista del Gobierno respecto al futuro del Sáhara cuenta con el desacuerdo de todos los demás grupos parlamentarios. La naturaleza de la declaración confiere a la decisión una irreversibilidad que invalida en la práctica el necesario debate que el dirigente socialista ha hurtado a su partido, a su Gobierno y al Parlamento. Los términos resultan tan complacientes con la postura de Rabat que el mínimo matiz respecto a su literalidad devolvería a España a una crisis mayor que la anterior en sus relaciones con Marruecos. El secretismo con que se ha conducido Moncloa responde a las exigencias de la Monarquía alauí, remisa a que el futuro del Sáhara sea objeto de deliberación pública en un país distinto al marroquí. El posible ardid de Sánchez de incluir sus explicaciones al respecto en una comparecencia ante el Congreso posterior al Consejo Europeo de mañana y pasado mañana trataría además de vincular el giro a los designios de la UE. El titular de Exteriores, José Manuel Albares, alegará hoy ante el Congreso que el viraje sahariano no contraviene las resoluciones de la ONU ni rompe con la política mantenida por España durante todo el período democrático. El socialista Héctor Gómez se refirió ayer a la resolución 2620 de Naciones Unidas, de 29 de octubre de 2021. Resulta falaz concluir que aquella resolución valida la defensa unívoca de la autonomía dentro del Reino marroquí, en tanto que al no mencionarla tampoco se pronuncia contra ella en previsión de “la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” en la que insiste el Consejo de Seguridad. Del mismo modo que no existe ni como remota posibilidad en el imaginario de Marruecos, la gestación de una autonomía para los saharauis solo podría ser aceptada por el Frente Polisario tras una radical transformación del Reino alauí. De manera que la fórmula no resulta ni seria, ni realista, ni creíble. Solo se trata de una aproximación sin vuelta atrás a Rabat cuyas contrapartidas no han sido mostradas por Mohamed VI.