Un comité independiente critica al Ejecutivo por su mala gestión de la pandemia del covid”. Así titulaba su crónica hace unos días un periódico nacional. El informe resulta demoledor: entre otras cosas, critica al Gobierno por apoyarse demasiado en los expertos y por reaccionar con lentitud: “Ya en febrero de 2020 deberían haberse aplicado restricciones y medidas de control más enérgicas, que podrían haber frenado la propagación de la infección”. El informe deplora la escasa atención prestada a los ancianos y a otros grupos de riesgo. A modo de síntesis, reprocha al Ejecutivo su “débil liderazgo”, lo que incluye también una deficiente política comunicativa: falta de transparencia e incapacidad para transmitir a la población pautas claras.

Para asegurar la imparcialidad del comité, entre los quince expertos que lo integran hay algunos extranjeros: daneses, finlandeses y noruegos. A estas alturas debo reconocer que no hablamos de España, sino de Suecia. Aquí sería impensable la constitución de un grupo de expertos como la “Comisión Corona” sueca. La transparencia no es precisamente el fuerte de nuestro Gobierno. Por ejemplo, el informe sueco critica la excesiva dependencia del Ejecutivo respecto de la Agencia de Salud Pública (FHM), cuyos directivos fueron las caras visibles del Gobierno en las ruedas de prensa y comparecencias públicas. Al menos, se trata de personas conocidas. ¿Dónde estaba el comité de expertos español? Ni siquiera sabemos si llegó a existir realmente.

La gestión gubernamental dejó bastante que desear, por acción y por omisión. En la primera oleada cabía aducir el desconocimiento y la falta de experiencia. Así, hemos sabido un año después que el severo confinamiento al que estuvimos sometidos se adoptó por no saber qué hacer: puro desconcierto. El Gobierno central, quemado y escarmentado, decidió endosar a las autonomías la gestión de las sucesivas oleadas, con la natural falta de coordinación. Más que gestionar de modo eficiente una grave crisis, parece que se pretendía no ensuciar la propia imagen.

La democracia, como mero procedimiento para asignar el poder, se da por igual en todas partes: elecciones libres a intervalos regulares. Caben luego diversos sistemas electorales, con sus pros y sus contras. Y, en tercer lugar, tenemos la “cultura democrática”, no siempre reglamentada pero no menos decisiva. La trasparencia es elemento principal de esa cultura. Si un gobierno se niega a informar o a debatir, en el parlamento o en la opinión pública, hay que sospechar que le faltan argumentos o que tiene algo que ocultar. El presidente Sánchez nos regaló en los meses álgidos de la pandemia unos soliloquios tan farragosos como insustanciales, auténticas maniobras de distracción. Fue un caso único en el mundo, que se estudiará en el futuro como algo singular (el abecé de la gestión de crisis dice que hay que informar con frecuencia, incluso a diario, y con brevedad, con datos y anunciando medidas concretas). En paralelo, desactivó el Portal de la Transparencia (para reabrirlo más tarde con un nuevo equipo directivo, dócil al Gobierno), marginó al Congreso (gobernó –mandó- a golpe de decreto) e institucionalizó las ruedas de prensa con censura y sin preguntas (doble escándalo: la negativa del presidente a informar y la complacencia de buena parte de los medios ante tan insólito proceder).

La falta de transparencia no ha quedado limitada a la pandemia, sino que continúa después. Vuelvo a citar otro reciente titular de prensa: “El Gobierno declara secreta la gestión del fondo europeo de rescate de empresas para no rendir cuenta. Se niega a detallar cuál es el baremo que utiliza para seleccionar a las empresas beneficiarias y las cuantías concedidas”. Hay por medio muchos miles de millones de euros, y el Gobierno se propone gestionar ese dinero de espaldas a la opinión pública.

Los gobiernos piden y dan a sus ciudadanos y en ese “juego” se plasma la justicia distributiva. Nos reclaman la obediencia a la ley y el pago de impuestos (antes, también el servicio militar). A cambio, aseguran la paz y la libertad y nos proporcionan infraestructuras materiales (transporte, energía…), servicios (educación, sanidad…) y subsidios varios (de discapacidad, viudedad, desempleo, jubilación, becas, ayudas…). El buen gobierno exige que los criterios de reparto sean públicos y el reparto mismo, equitativo. Las empresas que optan a un contrato para una obra pública o los estudiantes que aspiran a una beca necesitan conocer el baremo que presidirá la adjudicación y esperan que en la asignación se proceda con justicia. El gobierno que oculta ambos extremos se hace doblemente corrupto y obliga a pensar que va a favorecer a los “amigos”.

Me duele que la opinión pública apenas haya reaccionado ante tamaña arbitrariedad. Los empresarios suelen ser timoratos: se entiende que prefieran no indisponerse con el Gobierno (J. Kenneth Galbraith escribió hace un siglo: “No hay nada más tímido que un millón de dólares”). Esperaba algo más de la prensa: ¿Dónde queda su tradicional mordiente?

Alejandro Navas Profesor de Sociología