Diario de Navarra

La presentación del anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales ha pasado desapercibida para las élites políticas e infravaloradas en su trascendencia futura por los estamentos agrarios, la cual acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros para su trámite parlamentario. Para la mayoría ha pasado desapercibida e infravalorada en su transcendencia y tan solo se han valorado sus facetas más anecdóticas, pero es necesario estudiarla bien para apreciar los cambios graves y drásticos que supondrá en la vida cotidiana de muchos españoles. Lo primero que llama la atención es la contradicción que encierra un nuevo marco legal estatal frente a las legislaciones autonómicas que se han desarrollado por mandato constitucional, ya que todas las autonomías han promulgado leyes de protección animal, la mayoría consensuadas. Muerte del Núcleo Zoológico. Este proyecto acaba con el modelo de “Núcleo zoológico”, herramienta técnico-administrativa presente en todas las leyes autonómicas de protección animal, como un producto vigilado sanitariamente y contrastado zootécnicamente que se ha ido ampliando, progresivamente, con más especies y más requisitos. La peor amenaza técnica de este proyecto de ley será sobrellevar la duplicidad entre los nuevos registros que contemplan los animalistas y el estatus autonómico de núcleo zoológico para criadores, rehalas y otros usuarios. Veterinarios comisarios políticos. Uno de los grandes conjuros que este anteproyecto es el descarte que sufre el veterinario oficial que ejercen su labor en las oficinas comarcales agrarias (OCA), implicando al veterinario de clínica en la vigilancia de sus propios clientes propietarios de perros, como colaborador necesario, como gendarme animalista. No hay consenso, simplemente un trágala para buscar cómplices en las estrategias de castración y denuncias animalistas. Grave ataque a la biodiversidad y a las razas caninas españolas. La Agenda 2030 que empezó a aplicarse en todo el planeta por inspiración de la ONU, genera mucha desconfianza entre la población no urbana. Se apoya, entre otras excusas, en el “incontable” número supuesto de abandono de perros, que organizaciones animalistas exageran con cifras estimativas y falsas para reclamar ayudas, las cifras oficiales, verdaderas por el control digital y obligatorio de los perros, no se valoran porque son tan bajas que no justifican el montaje animalista. La meta 15 de las definidas por la Agenda 2030, inspirada en la política de la FAO, defiende las razas autóctonas como testimonio de biodiversidad, que en ganadería es fundamental para la seguridad alimenticia y en las razas de utilidad para los medios de vida tradicionales. La futura ley pone en peligro la biodiversidad y supone un enorme riesgo para nuestras razas caninas autóctonas, presentes al 80/90% en el medio rural español con fines tradicionales, pastoreo, caza, guarda y escolta de rebaños. Recoge dos iniciativas terroríficas: la castración/esterilización obligatoria de los animales, sin tener en cuenta la avalancha de informes internacionales contrarios a esta práctica. Por otro lado, limita la libertad de los propietarios para la cría de cachorros si no están previamente registrados como criadores. Todo ello supone un grave riesgo de pérdida de la mejora genética incluso la desaparición de muchas razas españolas. El lobby vegano/animalista con dinero público. Este anteproyecto de ley es el de las prohibiciones. Más de treinta en el entorno de la vida cotidiana de las personas con perro. Comunismo contra la libertad individual, así es la receta. Los capítulos más intrigantes y más oscuros de esta ley son los que se refieren a los registros nacionales de perros y propietarios; y los que dan forma a comités técnicos y políticos con capacidad de sancionar, multar, evaluar o suspender. Una lectura detenida del anteproyecto permite ver cómo se ha armado una trama de comités técnicos y registros nacionales, autonómicos y municipales que implantan a los animalistas dentro del aparato administrativo del Estado, con cargo a los presupuestos generales, dispuesto a manejar información e intervenir en la política con las armas que regala la estructura gubernamental. Dieciséis nuevos registros y comités que conformarán lo que ya se viene llamando “el chiringuito animalista” del gobierno. Terror animalista. El aspecto más oscuro de este entramado es el Registro Nacional de Inhabilitaciones para la Tenencia y Actividades relacionadas con animales (RINTA), registro no público, sin fiscalización, una “checa” animalista cuya teórica finalidad es la prevención del abandono y maltrato animal, facilitando la ejecución de las penas de inhabilitación para actividades con animales o su tenencia y canalizar las elevadísimas sanciones que prevé esta ley. El mundo rural ha interpretado esta ley como una nueva agresión urbanita, los animalistas aplauden y algunos criadores se ven, equivocadamente, privilegiados. He pedido, personalmente, al directos general que aparte sus manos y sus prerrogativas de las razas autóctonas y de los perros de caza. No son mascotas, son perros funcionales al servicio de una causa superior a la mera compañía. Esta ley, no tiene precedentes en los países de nuestro entorno y sus augurios son funestos. Nadie ha reclamado su aparición, salvo unos pocos extremistas, que disfrutan de una posición de chantaje al Gobierno. La convivencia, la democracia, consiste en buscar los espacios comunes entre los diferentes y no imponer los criterios de unos pocos sobre los demás. Carlos Contera Veterinario, zootécnico y genetista, experto criador y publicista de razas caninas autóctonas, ha desempeñado cargos en relevantes asociaciones de raza

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"El mundo rural ha interpretado la Ley de protección animal como una nueva agresión urbanita"

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