La renuencia mostrada por Pablo Casado a que Vox entre en el Gobierno de Castilla y León contrasta con la insistencia de ese partido en exponer su “derecho y el deber” a formar parte del nuevo Ejecutivo, y recuerda más el debate de la moción de censura presentada por Santiago Abascal contra Pedro Sánchez en octubre de 2020 que el desarrollo de la campaña para el 13-F. La apelación del líder de los populares a los “principios” de su formación y la rotundidad de Alfonso Fernández Mañueco al asegurar que gobernará con esos principios y con el “programa” del PP no solo anuncian la dilación de las conversaciones para la investidura. Presentan, además, las relaciones entre ambas fuerzas como clave de lo que pueda ocurrir en la política española en lo que queda de legislatura e incluso después. Es una decisión que deberá afrontar la dirección del PP, y no el presidente Sánchez y sus socios de gobierno, cuando le insta a Casado a dibujar un cordón sanitario a Vox. Más allá de cálculos de oportunidad ante las próximas elecciones en Andalucía, las locales y autonómicas de mayo de 2023 y las posteriores generales, pesa la certeza de que Vox persigue sustituir al PP como principal partido de la derecha en España. Las alianzas de gobierno son siempre dificultosas por muy necesarias que resulten. Y coaligarse en el poder con quien aspira a hegemonizar el espacio político del partido que ha ganado en las urnas entraña sus riesgos. Sobre todo, si el socio es una formación populista, con algunos postulados incompatibles con los vigentes en Europa. Asimismo, la pretensión de incorporar a Vox paulatinamente a responsabilidades de gobierno puede resultar muy ingenua si como efecto se produce una simbiosis que deje en nada los “principios” del PP, que llevaron a Casado a explicar con meridiana claridad las razones de su voto en contra a la moción de censura de ese grupo: “No queremos ser como ustedes”.