Las elecciones en Castilla y León han llevado al partido ganador, el PP, y a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, a anunciar contactos con todas las demás fuerzas políticas para asegurar la investidura y procurar la estabilidad mediante “acuerdos puntuales”. Mientras, Vox reiteraba ayer su “derecho y deber” no solo a formar parte del Gobierno regional, sino a tener en él una presencia “igual o superior” a la que logró Ciudadanos en la anterior legislatura. El PP necesita enfriar las sensaciones de su ajustada victoria frente al éxito del grupo de Santiago Abascal para tratar de evitar un pacto con Vox, que es su adversario directo en términos electorales. Su eventual entrada en el Ejecutivo de Castilla y León escoraría hacia su derecha la proyección del Partido Popular ante los comicios autonómicos, locales y generales que se sucederán entre este y el próximo año. Pero, sobre todo, no sería inocua para el desarrollo de políticas centradas e integradoras que sintonicen con una amplia mayoría social y se inscriban dentro de los parámetros por los que circula la UE. La dirección de los populares deberá valorar si quiere la estabilidad aritmética, que le brinda la suma de PP y Vox, o busca cómo alcanzar la gobernación futura del país. El socialismo de Pedro Sánchez y los integrantes del bloque de la investidura han visto desde el principio en Vox un factor reactivo para movilizar a sus bases y un lastre para las expectativas del PP. Corresponde al partido de Pablo Casado clarificar su política de alianzas y hacerlo de manera coherente a nivel nacional. Pero el PSOE de Pedro Sánchez no se haría favor alguno y, sobre todo, no se lo haría al país si pasase por alto el aviso recibido en Castilla y León y se contentase con esperar a que Vox acompañe al PP en el Gobierno de la comunidad y en el cartel del nuevo ciclo electoral. No debe olvidar que el PSOE gobierna la nación gracias a sus acuerdos con Unidas Podemos y con grupos independentistas cuyo objetivo no es otro que debilitar la cohesión de España.