El informe de la Guardia Civil que desvela los contactos y las reuniones mantenidas por el secretario general de Instituciones Penitenciarias con intermediarios de los presos de ETA desnuda la vía de diálogo emprendida por el Gobierno de Sánchez desde su llegada a la Moncloa para encauzar la situación carcelaria de los reclusos. La gestión de la política penitenciaria, y en particular, el acercamiento de los condenados constituye una prerrogativa del Ejecutivo. Por ello, las conversaciones intercambiadas y recogidas en el móvil de Antonio López Ruiz, Kubati, preso durante 26 años por trece asesinatos y detenido en enero de 2020 por un ongi etorri, resultan no solo innecesarias sino indebidas, cuando la posición institucional del Gobierno debe ser la de salvaguardar la lacerante memoria de lo que significó medio siglo de terror. Un mandato moral que el Ejecutivo no debe olvidar.