El salario mínimo y el diálogo social
"El acuerdo previo con la CEOE no solo resulta aconsejable desde el punto de vista del fortalecer la confianza social, sino que constituye un objetivo que ni Ejecutivo ni sindicatos pueden desdeñar"

Publicado el 09/02/2022 a las 06:00
La reunión entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y la CEOE convocada para hoy en torno a una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros se celebra bajo la convicción de que el Ejecutivo tiene la intención de decretarla aunque las organizaciones empresariales se muestren contrarias. Sería una mala noticia que en menos de una semana el diálogo social pasara de ser esgrimido como razón última de la reforma laboral a convertirse en una condición prescindible en la definición de la política de rentas. Ello después de que el cambio normativo convalidado el pasado jueves haya introducido mejoras salariales en distintos sectores . El Gobierno tiene potestad para fijar la cuantía del SMI alegando que trata de aproximarse al 60% de la media salarial española recomendado por la Carta Social Europea. Pero aun admitiendo que las subidas experimentadas por el SMI no han destruido empleo por ellas mismas, nadie ha demostrado que no hayan disuadido de la creación de puestos de trabajo, y persisten los interrogantes sobre los efectos a corto y medio plazo de continuar aplicándolas en estos momentos de recuperación incipiente. El acuerdo previo con la CEOE no solo resulta aconsejable desde el punto de vista del fortalecimiento de la confianza social, sino que constituye un objetivo que ni el Ejecutivo de coalición ni CC OO y UGT pueden desdeñar. La entrada en vigor de la reforma laboral y de la subida del SMI en el inicio de 2022 comporta un incremento de los costes de producción y de los servicios que difícilmente será compensado por un alza en paralelo del consumo al coincidir con la subida de los precios energéticos y la inflación. Ni Gobierno ni sindicatos pueden restar importancia a la eventualidad de que las empresas se vean relegadas en la toma de la decisión, alegando que es la CEOE la que se desmarca cuando la discrepancia dura un año, o mostrándose en contra del “veto de la patronal” como si ésta no tuviese que sentirse concernida por algo que condiciona los resultados de cada empresa. Antes medidas como esta, es deseable el máximo consenso.