El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, disolvió las Cortes de su Comunidad y convocó las elecciones del próximo domingo acusando de deslealtad a sus socios de Ciudadanos. Pero pareció que el adelanto electoral atendía a la necesidad del PP de Casado de dar inicio al nuevo ciclo electoral con un resultado autonómico ventajoso. Para lo que necesitaría mejorar de manera ostensible los resultados de 2019. Ese supuesto ya era comprometido el 20 de diciembre y ha pasado a ser más a medida que transcurren la precampaña y la campaña. Al pulso incierto entre populares y socialistas, y entre los primeros con Vox y los segundos con Unidas Podemos, se suma el ascenso demoscópico de las candidaturas provinciales que reivindican a la España vaciada. Cuando el bipartidismo imperfecto parecía recuperarse, Castilla y León podría atomizar de nuevo la representación partidaria. La aspiración de una mayoría absoluta para el PP parece ahora inalcanzable. Hasta el punto de que los de Pablo Casado, a tenor de los sondeos, tenderían a conformarse con un recuento electoral digno. El adelanto de los comicios generó expectativas que los populares no pueden eludir. Una apuesta difícil de ganar solo a cuenta de las desafortunadas declaraciones del ministro Garzón sobre la producción ganadera, de la denuncia de una gestión opaca de los fondos europeos por parte del Gobierno, o exigiendo revertir la equivocación del diputado Alberto Casero al votar sobre la reforma laboral. La táctica electoral no debe poner en riesgo nunca la estrategia política de fondo, y menos suplantar esta última con presunciones voluntaristas. Pablo Casado se juega mucho este domingo, mientras que Pedro Sánchez se muestra en condiciones de agotar la legislatura porque ninguno de sus socios está realmente interesado por ahora en acortarla, a pesar de los síntomas de debilidad y falta de cohesión del Gobierno de coalición y del bloque de la investidura, tan manifiestos en la tramitación de la reforma laboral.