La economía española cerró 2021 con un crecimiento del 5%, por debajo del 6,5% previsto por el Gobierno en un pronóstico que tanto las instituciones internacionales como los institutos de análisis nacionales consideraban excesivo. El crecimiento del PIB navarro, con un 5,8%, ha superado al del conjunto de la economía española, pero se queda siete décimas por detrás de la previsión del Gobierno foral a principios de 2021 (6,5%). Son índices notables pero insuficientes, porque no debemos olvidar de dónde venimos, ni más ni menos que de una caída en 2020 del 8,3%, y por tanto, todavía queda un camino duro que recorrer para alcanzar los niveles de crecimiento y bienestar anteriores al covid-19. A las incertidumbres legadas por las cinco primeras olas epidémicas, que se hicieron sentir en la contención del consumo junto a las obligadas restricciones sobre el ocio, se ha sumado la ola de ómicron cuya incidencia está remitiendo tardía y lentamente. El año 2021 terminó peor de lo que se esperaba, y 2022 tardará en ofrecer los resultados. Se ha comprobado además que la inflación no es una incidencia tan coyuntural, y la crisis ruso-ucrania podría prolongarse afectando a economías que como las europeas atienden a condiciones de paz, distensión y estabilidad. Por eso mismo resulta urgente reaccionar a la espera de que febrero disipe definitivamente la carga pandémica en nuestro país y todos los sectores directamente afectados recuperen su actividad como sostén imprescindible de los nuevos proyectos de recuperación y novación del tejido productivo. Para ello es necesario que España se deshaga ya del lastre de la división y el enfrentamiento sobre todo aquello que constituye el interés común de los españoles. La perspectiva de que hasta 2023 no podremos recuperar el tono económico previo a la declaración de la pandemia exige la máxima sintonía política e institucional, el mayor ánimo de concertación social, de manera que se contrate y se consuma en un clima de confianza mutua sin reservas que no sean racionales.