La descontrolada explosión de contagios en la sexta ola y las peculiaridades de la variante ómicron han empujado a las comunidades durante las últimas semanas a imprimir un viraje a su estrategia para afrontar la pandemia. Ante el serio riesgo de colapso del sistema sanitario, se siguen solo los casos de más riesgo, se endosa a los enfermos con síntomas leves su propio control, se reduce el número de test y se suspenden las tareas de rastreo, entre otras medidas. El brusco viraje puede estar justificado por la extraordinaria magnitud de la última embestida del virus, que ha modificado por completo el escenario, lo que requiere enfrentarse a él con nuevas herramientas. Pero ello no impide el desconcierto de la ciudadanía ni una cierta sensación de desamparo ante unas instituciones desbordadas por los acontecimientos, que han cambiado por sorpresa las reglas de juego y puesto en sus manos responsabilidades que no les corresponden. Esos pasos anticipan el tratamiento de la covid como una gripe anunciada por Pedro Sánchez, que ha suscitado controversia en la comunidad científica. Entre los factores que los avalan figuran la masiva vacunación, la mayor levedad de ómicron y, sobre todo, una capacidad de transmisión que ha provocado una súbita avalancha de positivos y hace insostenible el estricto sistema de monitorización vigente. Es razonable adecuar la respuesta sanitaria a una realidad muy distinta a la de hace unos meses. Ello no es óbice para constatar que tal volantazo evidencia el fracaso de unas administraciones que no supieron prever la virulencia de la variante ni ponerle coto y solo han reaccionado cuando, superadas por sus efectos, han concluido que o modificaban su estrategia o el sistema colapsaba. Es de esperar que los gobiernos no tengan la osadía de anotarse como un éxito la previsible caída de los contagios. Su responsabilidad conlleva asimismo la necesidad de reforzar sustancialmente la sanidad pública.