El presente 2021 encara sus últimos días, y cada vez se ve más lejano el cumplimiento de la promesa del presidente Sánchez de que los consumidores en su cómputo de final del año no pagarán por la luz más de lo que lo hicieron en 2018. El Ejecutivo es reiterativo en su mensaje, pero sus promesas chocan con la realidad. El coste de la electricidad sigue disparado, y esta semana ha continuado batiendo récords. Ayer mismo marcó el sábado más caro de la historia. Para tratar de detener el golpe, el Gobierno ya ha decidido que va a prorrogar todas las rebajas de impuestos vinculados a la electricidad que se encuentran en vigor en estos momentos, al menos durante el primer trimestre del próximo ejercicio. La causa de tan serio problema para las familias y las empresas escapa del ámbito de responsabilidad directa del Gobierno, y lo que está ocurriendo en nuestro país no son datos alejados de lo que está sucediendo con la energía eléctrica en los demás países de la UE. Es el coste del gas natural, es el coste de los derechos de emisión de dióxido de carbono y son las perspectivas en el mercado de la electricidad en un entorno de grave tensión internacional. El Gobierno de Sánchez puede hacerse valedor de las intenciones de la Comisión Europea para ofertar a los 27 una compra conjunta de gas natural que pudiera rebajar la factura eléctrica mediante el establecimiento de reservas energéticas ubicadas regionalizando las necesidades de los países de la Unión. Proyecto que se dilataría en el tiempo, entre otros motivos por la resistencia de socios centrales de la UE a interferir de esa manera en el mercado energético. Pero con el actual escenario, al que no se advierte una pronta regresión, el Gobierno de Sánchez debería admitir sus limitaciones y reconocer que existe un factor contrario al dibujo optimista de sus expectativas económicas y sociales. Las medidas fiscales respecto a la electricidad que se traman a escala nacional son paños calientes que desde luego no resolverán el problema de fondo. Y todas las demás medidas, incluidas las europeas y no digamos las de impulsar recursos sostenibles, rendirán como pronto a partir de 2023.